La Ley General Presupuestaria, en su artículo 46, lo dice bien claro: “Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación”. Pero quien hace la ley hace la trampa, y hasta ahora las administraciones públicas han encontrado la manera de saltarse esta limitación y seguir gastando aunque hayan agotado su presupuesto.
Los crecimientos a los que se ha visto sometido el gasto sanitario público en los últimos años, muy por encima de los incrementos de la inflación, han convertido a la sanidad (y concretamente a la farmacia) en un caso arquetípico de esta realidad. A medida que la población y el gasto crecían, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas han tenido que ir, en mayor o menor medida, metiendo en el cajón algunas de las facturas, comprometiendo sus pagos en los años siguientes. Ni siquiera las modificaciones presupuestarias al alza que a finales de año suelen recibir los departamentos sanitarios son suficientes para cubrir algunas de ellas. El caso de la farmacia vuelve a ser, de nuevo, paradigmático.
Cabe señalar que algunas comunidades, como la valenciana, llevan años intentando regularizar la situación. Sin éxito, claro. Quizá ahora que la crisis hace mella en los presupuestos sanitarios y que la posibilidad de endeudarse es mínima lo tendrán más fácil para dejar este mal hábito. Desde luego, los ‘decretazos’ al sector farmacéutico les han hecho más fácil la tarea. Los ahorros que este año sumará la Orden de Precios pueden hace pensar, incluso, que este año se ha presupuestado con más cabeza que otros. Falso. Los presupuestos siguen sin ajustarse; sólo es el gasto el que baja. Los impagos al sector volverán a ser una realidad después del verano.
