Santiago de Quiroga
Hace poco tiempo un alto cargo del ministerio se sorprendía de que los farmacéuticos gallegos no fueran tan vehementes con la Administración sanitaria como son los andaluces. Galicia y Andalucía tienen la coincidencia de haber emprendido una política farmacéutica rupturista (tengo la tentación de decir separatista), en la que no reconocen las competencias estatales que se definen en la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 y en la Ley de Garantías de 2006, cada una de estas leyes aprobadas por los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente.
Si la medida pretende un ahorro, la inminente publicación de la Orden de Precios de Referencia ya lo anula. ¿Tiene sentido que Galicia se sume a las estrategias de no reconocimiento de las competencias estatales? ¿Quiere Galicia obligar a los médicos a que prescriban lo que quiera la Administración sanitaria? ¿Va Galicia a vulnerar la igualdad de acceso a la prestación farmacéutica de los gallegos? Excluir de la prestación medicamentos que han cumplido todos los requisitos legales y, además, se ofertan en otras regiones, es querer crear un nuevo modelo farmacéutico.
Pero tenía razón este alto cargo con su comentario: ¿a qué esperan los colegios farmacéuticos gallegos a denunciar la situación como han hecho los andaluces? ¿O acaso están de acuerdo?
