El debate sobre el impacto de la supresión de la garantía de universalización de la sanidad pública para todas las personas de nacionalidad española y todas aquellas que residan en el país sigue atascado en el Congreso. Pese a contar con el apoyo del resto de grupos, el PP tumbó una proposición de ley para devolver al SNS al cerca de millón de personas que, según denunciaba la Izquierda Plural, fueron explusadas a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012.
En contra de las acusaciones de la oposición, que critican que el decreto aumenta el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas y los despidos en el sector público, el grupo popular aseguró que las enfermedades infecciosas han descendido tras la publicación del Real Decreto-ley y que volver a la situación anterior supondría volver a la senda de la insostenibilidad.
Otra de las críticas que suscita la reforma sanitaria tiene que ver con las distintas interpretaciones que las comunidades siguen dando al decreto, de las que el PNV siguió dando muestras. La diputada Isabel Sánchez Robles recordó, según informa EP, que la Organización Mundial de la Salud asegura que la cobertura sanitaria requiere maximizar los resultados sanitarios a favor de todos los ciudadanos y no como consecuencia de su cotización en la Seguridad Social. En este sentido, adelantó que el Gobierno vasco prepara la regulación normativa para dar cobertura a este derecho de acuerdo al recurso planteado en la anterior legislatura ante el TC al decreto de reforma sanitaria.
