Cuando se analiza el comportamiento histórico del gasto en medicamentos a través de receta se observa, muy especialmente en los últimos años, que la subida de la factura tiene como principal causa el incremento del número de recetas. Este crecimiento tiene, en parte, una justificación en los cambios demográficos que ha sufrido el país: incremento poblacional a causa de la inmigración, crecimiento de la población mayor de 65 años y aumento de la esperanza de vida.
No obstante, todas estas variables no son capaces de explicar el crecimiento sufrido por las recetas en los últimos años. Hay representantes del sector que achacan a la crisis este incremento, aunque sólo podría servir de justificación para los dos últimos años, y en muy escasa medida. Por tanto, si se analiza el incremento del número de recetas por persona protegida y se observa su crecimiento imparable, es cuando nos damos cuenta del grave problema que tiene la prestación sanitaria en nuestro país y la farmacéutica muy especialmente.
A pesar de ese dato objetivo y comprobable, las medidas que sigue poniendo en marcha la Administración van dirigidas a controlar lo más fácil, aunque de este modo no se esté abordando el origen del problema. Por eso, el cien por cien de las medidas aprobadas por el Gobierno y que se plasmaron en el RDL 4/2010 están dirigidas a reducir, desde diferentes ámbitos de actuación el precio de las recetas que paga el SNS.
Si el crecimiento de la demanda no se corrige en los tiempos, sigue tirando de los crecimientos del gasto y los políticos no encuentran la manera de controlarla, actuarán del mismo modo que se ha hecho en estos días: reducir los precios. Esto volvería a dar lugar a una rebaja, o eliminación, de los beneficios y, con ellos, de las inversiones y el empleo.
Se trata, sin duda, de una espiral sin sentido que no tiene buen final. Está claro que si todos los medicamentos se ponen a un euro y así se mantienen de por vida, el gasto en medicamentos estará controlado, pero el problema subyacente seguirá ahí y la calidad de la prestación se habrá hundido, las multinacionales habrán desaparecido del país y no habrá tejido industrial. No parece buena idea.
