Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El paso de los días no hace más que confirmar las impresiones obtenidas a vuela pluma a las puertas del Consejo Interterritorial. El decreto ley de sostenibilidad, contra la bancarrota o racionalizador del gasto que ha aprobado el Gobierno apenas contribuirá en algo a solucionar el grave problema financiero que azota a los servicios regionales de salud, y no hará falta esperar mucho tiempo para comprobarlo. A la vuelta del verano, las comunidades agotarán sus fondos para pagos elementales como las sustituciones de personal, los salarios o las farmacias. Y los consejeros se echarán las manos a la cabeza por haber apoyado alegremente la norma, sin ni siquiera haberla leído, y volverán a aporrear las puertas del Ministerio de Sanidad en demanda de más fondos, de más ahorros y de más remedios. La cercanía de las elecciones autonómicas les hará, si cabe, más irascibles, y al final Trinidad Jiménez y sus lugartenientes, o sus sucesores, tendrán que realizar el trabajo que ahora no se ha hecho. Porque el paquete de medidas que ha visto la luz no tiene más virtud que la de constituir el primer movimiento —algo es algo— de un ministerio que hasta ahora había hecho poco, por no decir nada, en el combate contra la crisis que azota a la Sanidad. Nada más.
Al margen del justo y comprensible trato concedido a los fármacos innovadores y a las farmacias, que no pagan directamente los platos rotos de la ineficacia gestora de las administraciones públicas, poco cabe decir del disminuido paquete de medidas que recibió el visto bueno de la Consejo de Ministros antes de Semana Santa, sin el apoyo expreso del principal partido de la oposición. Las razones para justificar tal aserto son múltiples: en lugar de adoptar iniciativas atrevidas en todos los frentes del gasto sanitario, el Ejecutivo ha preferido sólo volcar sus miras, una vez más, sobre los medicamentos. Y en este capítulo, ni siquiera lo ha hecho de forma global, atendiendo a la oferta y a la demanda, al gasto en primaria y en hospitales. Se ha centrado únicamente en los productos de marca una vez han perdido la patente, y en los genéricos, a los que ha dañado notablemente al concebirlos como instrumento artificial para la inducción de bajadas de precios, con independencia de las concesiones que hizo a los fabricantes a última hora. El efecto será la muerte de alrededor de una buena porción del mercado y el despido de numerosos trabajadores. Para hacer esto, ni siquiera era necesario un decreto ley, pero ya se conoce el gusto por el efectismo que han cogido las autoridades ministeriales desde el éxito que obtuvieron con la gripe A.
El decreto no ahorra porque apenas contiene elementos para lograrlo y porque ha nacido disminuido respecto al borrador inicial. La bajada de los pañales y los productos sanitarios queda fuera, como la financiación selectiva de los fármacos para tratar síntomas menores, que se hará aparte, si se hace. Sanidad calcula que reportará 1.146 millones, pero las autonomías verán pocos este año. La cifra de 500 millones que da el PP es más realista, y ya me dirán que hacen con ello los servicios de salud ante la avalancha de gasto creciente que se les viene encima.
Preguntas sin respuesta
¿Qué divergencias entre los laboratorios de genéricos llevó a la patronal Aeseg a demorar tanto la reacción del sector hacia el ‘decretazo’?
¿Qué alto cargo de Sanidad se esforzó personalmente en ayudar a las farmacias perjudicadas por los márgenes lesivos de Muface?
¿Qué reacción se produjo en Economía al comprobar cómo, día a día, Sanidad eliminaba medidas contenidas en el primer borrador?
¿Quién fue el ‘genio’ que incluyó en el primer borrador la “feliz” idea de crear reservas singulares de medicamentos en atención primaria?
¿Qué consejero del PP pidió al Ministerio de Sanidad que recortara los márgenes de las farmacias?
