¿Qué tres laboratorios farmacéuticos están poniendo toda la carne en el asador para que la patronal de la industria innovadora, Farmaindustria, impida que los biológicos puedan ser reemplazados por biosimilares?
¿Apercibirá el Ministerio de Sanidad a Cataluña y Galicia por expandir el modelo de algoritmos que impulsó Valencia por su cuenta?
¿Qué respuesta técnica ha dado la consejería de Salud de Cataluña a Bristol por vetarle un fármaco avalado previamente por un experto de la Generalitat?
¿Qué vídeo corporativo ha precipitado cambios en una patronal?
Desde que empezó la crisis económica, allá por 2007, estos meses están siendo los peores para los intereses de la industria farmacéutica que opera en España. A pesar de la irrupción de noticias esperanzadoras como la que atañe a la voluntad del Estado de recuperar las competencias más decisivas en materia de medicamentos, los golpes se multiplican a medida que pasan los días, de manera directamente proporcional a la merma que experimentan las cuentas de resultados de las compañías. Aunque se habla mucho de los precios notificados, los subastazos de María Jesús Montero y los obstáculos que imponen los hospitales a los fármacos innovadores, hay dos hechos graves que están pasando desapercibidos y que inquietan a las cúpulas de las empresas del sector. El primero es la extensión silenciosa y progresiva de los algoritmos valencianos que obstaculizan la prescripción de algunas moléculas por parte de los médicos. En estos momentos, autonomías como Cataluña, gobernada por CiU, y Galicia, regida por los populares, copian el ‘modelo Llombart’, con características adaptadas al gusto de sus consejeros. En la comunidad gobernada por Alberto Núñez Feijóo, la consejería de Sanidad ha ideado códigos de colores (verde o negro) para otorgarlos a los productos que pueden ser recetados y a los que no dentro de este complejo sistema que enerva por igual a fabricantes y a sociedades científicas.
Pero hay más. Un segundo hecho golpea las arcas de los laboratorios hasta límites extremos, al convertirles por la vía de los hechos en financiadores de las deudas de los servicios regionales de salud. Aunque pudiera parecer positivo, el anuncio de un próximo plan de pago a proveedores por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está teniendo un efecto perverso para sus supuestos beneficiados. Como las comunidades saben ya que recibirán el nuevo maná del Estado, sus pícaros consejeros de Hacienda han dado tácitamente la orden de dilatar los pagos hasta que ese dinero llegue. El resultado es que hay compañías que llevan meses aguardando el cobro de sus facturas. Este año será el peor año de la historia en este triste capítulo que escenifica mejor que ninguno la intensidad de la crisis. Con respecto a los impagos, llueve sobre mojado. Farmaindustria reclamó en su momento a Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, que el anuncio de Montoro llevara aparejado un apercibimiento de reclamación de intereses para que las consejerías no dejaran de pagar. Como esto no se produjo, las comunidades aprovechan la ocasión y dilatan todo lo posible la satisfacción de las deudas. ¿Se atreverán las compañías a reclamarles a ellas los intereses de demora? ¿Tendrá que hacerse cargo de ellos el Estado? ¿Serán finalmente las empresas las que los costeen?
