¿Qué multinacional alemana de la farmacia visitó hace semanas España para otear el terreno en previsión de una posible liberalización del sector?
¿Qué conocido médico con cargo académico mantuvo una intensa relación con Eufemiano Fuentes, el supuesto líder de la red de dopaje a deportistas?
¿Qué responsable de un instituto sanitario se ha hecho millonario a base de cursos de formación?
¿Qué alto cargo de una consejería de Sanidad de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, del centro de España, es apodado “el misógino”?
Ajeno como está muchas veces a la realidad económica, puede que una parte del sector sanitario se encuentre festejando aún dos noticias de calado. Que España haya cerrado 2012 con un déficit público del 6,7 por ciento y la próxima entrada en vigor de la directiva europea que obliga a las administraciones al pronto pago constituyen dos hitos en apariencia positivos para los proveedores que trabajan con los hospitales y los centros de salud. Muchos pensarán que la cercanía del Gobierno a la hora de lograr el objetivo en el ajuste de las cuentas públicas, al quedar apenas nuestro país a cuatro décimas de lo pactado con Bruselas, aliviará penas futuras y aplazará posibles recortes adicionales. Los que así opinan, están en lo cierto. Sin embargo, lamento ser mal agorero. El dato positivo dará a España un respiro durante algunos meses. Sobre todo, porque la UE se inclina a aplazar una nueva rebaja del objetivo durante, posiblemente, dos años. Nada más. Al cabo de un tiempo, el Ejecutivo y las comunidades se verán en la obligación de darle una nueva vuelta de tuerca al gasto ante su evidente tendencia expansiva. En pocas palabras: tras la calma, volverá la tempestad, como reconoce en privado un reputado miembro del Gobierno.
Morosidad. Calificada como un “desastre” y un “escándalo” por parte de la Comisión Europea, la directiva que obliga a la Administración a pagar los bienes y servicios que contrate en un máximo de 30 días, so pena de ser penalizada con un interés de demora del 8 por ciento, constituye a priori un balón de oxígeno para los laboratorios y los fabricantes de productos y tecnología médica. Posiblemente, también para las farmacias. Sin embargo, la celeridad en el pago generará efectos colaterales. Ante la falta de liquidez para satisfacer los pagos que aquejará este año a los centros sanitarios por las restricciones presupuestarias, lo previsible es que se generalice un fuerte movimiento de resistencia a incorporar estos últimos avances terapéuticos que se vayan autorizando. De hecho, este “movimiento” silencioso ya se está produciendo. Más de un gerente está aprovechando sus contactos al más alto nivel en el ministerio y en otros departamentos gubernamentales para implorar que se aplace lo máximo posible la llegada al mercado de más de una terapia revolucionaria contra algunas patologías, por el temor al roto que puede ocasionar su coste a las arcas que tienen asignadas. ¿Qué prefieren las compañías, incorporar sus innovaciones en los plazos previstos a cambio de cobrar tarde por ellas, o cobrarlas pronto a cambio de que se incorporen tarde? En esta pescadilla que se muerde la cola, lo único que parece claro es que la norma del pronto pago está produciendo pesadillas a más de un consejero, que no sabe de dónde tendrá que echar mano para saldar las facturas a mitad de año.
