El euro por receta ha provocado revuelo judicial, malestar ciudadano y mosqueo entre las familias del PP
¿Han recibido alguna ‘invitación’ de CiU dos de los laboratorios nacionales que tienen sede en Cataluña?
¿Qué relación tuvo hace años uno de los hijos de Jordi Pujol con los análisis clínicos que se practicaban en Baleares?
¿Qué ex diputado nacional del PP acertó de lleno hace tres años en sus críticas contra la liberalización de la píldora?
¿Qué diputado socialista ha quedado ahora en evidencia tras conocerse las cifras de abortos?
¿Qué ex consejero de Sanidad se ha sometido, sin éxito, a un tratamiento para dejar de fumar?
Muchas de las reformas sanitarias que pone en marcha el PP son imprescindibles para la supervivencia a corto y medio plazo del SNS. Estando como está España, la imposición de unos objetivos de déficit a las manirrotas autonomías y los subsiguientes sacrificios resultan imprescindibles para reflotar la nave y enderezar su destrozado timón. En este contexto, son pertinentes varias de las medidas aplicadas para contener el gasto farmacéutico, parte de los proyectos de ahorro en el capítulo I, y hasta la externalización de la gestión sanitaria. ¿Qué más da quien preste la asistencia, si los ciudadanos pueden recibirla sin sobrecoste y tienen un mayor acceso a ella, con un gasto menor para las arcas públicas? A pesar de ellos, no todo el monte es orégano y existen claroscuros de difícil comprensión en varias de las decisiones sanitarias del actual Gobierno o de sus administraciones periféricas. El caso de la liberalización de la farmacia es singular. Mientras muchas reformas son cruciales para sacar a España del atolladero, esta carece de explicación y va a echarle encima al PP a otro colectivo antaño solidario con sus decisiones. Económicamente, el Estado no gana nada privando al farmacéutico del monopolio sobre la propiedad de la botica y convirtiéndole en un mero tendero asalariado. Al estar el 80 por ciento del mercado regulado, los precios de los medicamentos no se abaratarían y la incidencia a efectos de una mayor competitividad y contención del déficit sería nula. ¿Cuál es la urgencia para incluirla a toda prisa en la nueva Ley de Servicios Profesionales, cuando, además, Europa no lo pide? ¿Qué necesidad tiene el Ejecutivo de ponerse en contra a otro colectivo sanitario, cuando tiene ya a los médicos en armas y los hospitales a punto de estallar? ¿Por qué renuncia a un nicho de votantes ya golpeado por los impagos autonómicos, cuando la medida no augura beneficios tangibles para la economía?
Un caso parecido es el del euro por receta. Considero necesaria su aplicación a la vista del estado de las cuentas públicas, de la dificultad de exigir más sacrificios al sector del medicamento en España y de la hiperfrecuentación en las consultas. La tasa recauda y, además, es disuasoria, por lo que su efectividad queda fuera de toda duda, en un entorno de copago desfasado, pese a la última reforma del Gobierno. Pero hay que precisar que estratégicamente no es oportuna ahora su aplicación. Con sus atávica impericia a la hora de medir los tiempos políticos, una administración, en este caso Madrid, la ha hecho coincidir con la revuelta de batas blancas, sulfurando a unos pacientes a los que la externalización les importaba más bien poco, como se ha visto en las recientes elecciones autonómicas en este y otros feudos. ¿Por qué no lo aprobó el Ministerio de Sanidad coincidiendo con Cataluña? Hace un año, la medida habría causado menos revuelo, habría tenido vigencia estatal y el Gobierno podría haber obtenido una vía extra de recaudación vital para el cumplimiento del déficit. Ahora solo hay revuelo judicial, malestar ciudadano y mosqueo entre las familias del PP.
