La llegada de los primeros medicamentos con precio notificado a las farmacias, y que en algunos casos también cuentan con un precio financiado menor, ha abierto un nuevo cisma en la cadena del medicamento, como consecuencia de la inexistencia de un procedimiento que permita a las boticas recuperar el diferencial entre ambos precios cuando el medicamento finalmente se dispensa con cargo al SNS (ejemplos a y b de la tabla adjunta).
Farmacia, distribución e industria se encuentran ahora ante la tesitura de encontrar a posteriori un mecanismo que haga viable esta situación. Aunque las dudas en torno a los precios notificados y precios intervenidos siguen sobrevolando por el sector, EG ha podido saber que Farmaindustria y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ya han mantenido contactos para la búsqueda de una solución. Una solución que, al cierre de esta edición, pasaría por crear un fondo de compensación —sufragado por los laboratorios que comercializan fármacos con precio notificado— y del que se extraerían los reembolsos a las farmacias una vez comprobadas las recetas con cargo al SNS de cada mensualidad. Así, las farmacias recibirían “a mes vencido” los diferenciales entre el precio notificado al que adquirieron el producto y el precio intervenido al que finalmente lo dispensaron.
“El menos malo”
Este fondo de compensación, semejante al que rige las deducciones para fármacos innovadores fijadas en el RDL 8/2010, contaría con el beneplácito de la distribución, ya que “nos facilitaría nuestro papel en esta problemática”, indica a EG Luz Lewin, directora técnica y de calidad del Grupo Cofares. Y es que desde la distribución cree “imposible” suministrar a las boticas un mismo fármaco a distintos precios sin conocer su destino final.
El sector no asegura que este fondo de compensación sea la solución perfecta, pero sí la más “viable” a día de hoy. “La solución ideal sería que existiera la trazabilidad, de manera que el SNS supiera cuáles son las unidades concretas que finalmente ha financiado, así como el laboratorio a qué distribuidoras las había servido”, expone César Martínez, consejero de Alliance Healthcare España. No obstante, Martínez resalta que aplicar un sistema semejante al de las deducciones del RDL 8/2010 necesitaría ciertos ajustes, puesto que “no permite saber cuántas unidades de cada fármaco que han pasado por cada distribuidor deben ir a uno u otro precio”. Por su parte, Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento de FEFE, cree las farmacias tendrían el inconveniente de “adelantar, una vez más, el dinero”.
Por el momento, el silencio casi sepulcral se ha instalado en el sector y en el propio Ministerio de Sanidad, ya que ninguna de estas partes ha querido confirmar el inicio de las reuniones. Especialmente llamativa es la postura de Sanidad, que se ha limitado a señalar a EG que “todas las medidas se toman previo dialogo con el sector”. La ausencia de un procedimiento previo que haga viable la aplicación de los precios notificados refleja que, en este caso, la teoría no se ha llevado a la práctica.
