A finales de 2014, y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, está previsto que entre en vigor la fase 1 del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), correspondiente a las recetas dispensadas en una comunidad diferente a la que han sido prescritas. Con esta declaración, sumada a la respuesta de que “el ministerio no le debe dinero a ninguna comunidad autónoma”, el departamento que dirige Ana Mato ha querido zanjar la polémica abierta por el consejero de Sanidad de Madrid, que supeditó la firma del convenio sanitario con Castilla-La Mancha hasta que Sanidad al pago de los 56 millones que, según Javier Rodríguez, “el Ministerio debe” a la Región por la asistencia a pacientes desplazados.
Amparados por la mediación de Sanidad, que ha decidido abordar el asunto en una reunión con todos los consejeros, el convenio de Madrid y Castilla-La Mancha continúa adelante, según han confirmado las Consejerías de Sanidad de ambas comunidades.
Según Sanidad, la aplicación efectiva de la fase Farmacia del FOGA tomará como base los datos aportados por el sistema de información de recetas entre julio de 2012 y diciembre de 2013. Es decir, que se compensará retroactivamente en base a la información ya disponible, tal y como regiones como Cataluña han solicitado reiteradamente. Posteriormente, para el último trimestre de 2015 está prevista la compensación entre comunidades la correspondiente al FOGA Farmacia-Fase 2, para recetas prescritas y/o dispensadas en otras comunidades autónomas distintas a las de residencia del paciente, así como la compensación de la actividad derivada de la asistencia de atención primaria prestada a personas que gocen de la condición de asegurado en el SNS en sus desplazamientos temporales.
También está prevista la aplicación de la cápita para aquellos desplazamientos de larga duración que incluirían la compensación total, o a nivel parcial de primaria o especializada.
No es la primera vez que la asistencia a pacientes desplazados pone a prueba la cohesión del SNS. En noviembre de 2011 se puso fin a la conocida ‘guerra de las recetas’, que durante un año enfrentó a Cataluña y Aragón. Todo comenzó cuando ciudadanos aragoneses que veraneaban en la costa de Tarragona denunciaron que los médicos se negaban a expenderles sus recetas. El proceso se enconó cuando asociaciones aragonesas amenazaron con pedir que no se prescribieran fármacos a los catalanes y se extendió a toda la atención sanitaria.
En junio de 2012, recién cerrado este conflicto se abrió otro capítulo por la negativa del Gobierno de La Rioja a prestar atención especializada a pacientes de la Rioja Alavesa y de Navarra si no recibía a cambio compensación económica. El momento coincidió con la aprobación del 16/2012, que incluía la creación del FOGA.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró entonces que este instrumento, sustituto del Fondo de Cohesión, evitaría estos conflictos, pero el retraso que acumula en su puesta en marcha (prevista inicialmente para finales de 2013) es el que ha permitido que estalle el tercer conato entre Madrid y Castilla-La Mancha. Según Sanidad, el FOGA se está articulando en varias fases, entre otros motivos por la falta de información que las comunidades pueden aportar en cuanto a la atención a este tipo de pacientes y por la necesidad de adaptar los sistemas informáticos de las mismas, para que puedan proporcionar la información que permita la compensación. Para ello, aclara Sanidad, “se necesita que la mayoría de las comunidades y no sólo algunas faciliten la información”.
