Alejandro Toledo Presidente AGP | viernes, 19 de junio de 2015 h |

La Ley General de Sanidad establece la equidad como principio general del Sistema Nacional de Salud (SNS), entendida ésta como la garantía de que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. La implantación de las subastas de medicamentos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado lugar a una preocupante situación, que incide directamente en el mantenimiento de la salud de los ciudadanos andaluces, tal y como se ha puesto de manifiesto desde las asociaciones de pacientes que han observado problemas relacionados con la prestación farmacéutica que, disminuyen la calidad de la asistencia sanitaria. Por ello, desde la Alianza General de Pacientes, pusimos en marcha un grupo de trabajo al respecto. La equidad de los andaluces se encuentra disminuida en comparación con los pacientes de otras regiones de España, ya lo estaba antes de la puesta en marcha en marcha de las subastas, por lo que esta medida ha venido a agravar la situación. Queda claro que los aspectos económicos son la única variable que ha movido el establecimiento de este mecanismo, y sin embargo, ni siquiera están suponiendo el ahorro esperado en el presupuesto sanitario, alcanzando en torno al 28 por ciento de lo esperado. Además todo ello podría conllevar un coste extra para el sistema sanitario, por el impacto en la salud de los pacientes, que no se ha tenido en cuenta. El análisis realizado refleja situaciones de desabastecimiento que se traducen confusión, desconfianza y abandono terapéutico, que dan lugar a continuos riesgos para la salud de los andaluces, ya que algunos han pasado a una situación de descontrol clínico. No hay que olvidar que aunque las comunidades tienen la competencia de aprobar sus respectivas carteras de servicios, deben incluir, cuando menos, la cartera común del SNS. Asimismo, la inclusión/exclusión de productos en la prestación farmacéutica pública, es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Por todo ello, es absolutamente imprescindible que exista un pronunciamiento de los tribunales, en especial, del Tribunal Constitucional relativo a las subastas de medicamentos en Andalucía.