El proceso de revisión de la Ley de Patentes vigente desde 1986 para aprobar un nuevo marco normativo se justifica principalmente por la voluntad de la administración española de suprimir la concesión de patentes sin examen previo. De esta manera se eliminará la posibilidad de obtener patentes que tienen como única finalidad obstaculizar la competencia, que es lo que la Comisión Europea reprochó al mal funcionamiento del sistema de patentes en su informe de investigación del sector farmacéuticos publicado en 2009. Como dijera el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1997, para conseguir que las empresas inviertan en innovar y no en inventar patentes. Este objetivo expresado en la exposición de motivos del anteproyecto es por tanto positivo.
Hemos de tener en cuenta que las objeciones que se hacían desde la Comisión Europea (y que tanta animadversión provocó en la gran industria) no lo eran respecto del sistema español, sino del europeo, en el que las patentes se conceden con examen previo desde siempre. Todo ello se debía a la más que dudosa calidad de los exámenes de patentabilidad de la Oficina Europea de Patentes y a la impotencia que sentía la Comisión Europea respecto de un organismo sobre el que no tenía ningún control político –en este sentido hemos de tener en cuenta que la oficina europea (que no pertenece a la Unión Europea) se financia de la concesión de patentes, no de su denegación (esa es una de las razones por las que, a pesar de haber menos inversión en innovación, se haya incrementado la solicitud de patentes); que muchos de los examinadores de la oficina europea de patentes acaban trabajando para los principales solicitantes (una suerte de clientes especiales) y que la administración europea de patentes es un cuerpo autónomo, no vinculado a la política industrial de la UE o de sus países miembros.
Es bueno pues que se suprima la posibilidad de obtener patentes que no se someten al examen del Estado y que este examen se lleve a cabo por una oficina dependiente de un Gobierno. Lo que vemos que no ocurre por desgracia en el sistema europeo de patentes y difícilmente vaya a suceder en un futuro con el paquete normativo que se ha previsto en relación con la creación de una patente europea con efecto unitario con el que se prevé que el control jurisdiccional sobre las patentes deje de estar sometido a los tribunales de los Estados miembros de la UE. La actual disfunción del complejo engranaje europeo sirve pues a determinados intereses, no precisamente a los de la industria española.
La oportunidad que se brinda el Estado español con esta nueva propuesta debería llevar a mejorar las condiciones de la industria de nuestro país, que en la actualidad se ve perjudicada frente a sus principales competidores internacionales. Europa ha querido proteger las invenciones, especialmente las farmacéuticas, más que en cualquier lugar del mundo. Y la protección monopolística del sistema de exclusiva sobre las invenciones es buena hasta cierto punto, pues los costes de una sobreprotección acaban perjudicando a la industria y al comercio de un país así como a sus ciudadanos, a los que se le priva de productos competidores que puedan mejorar la oferta existente tanto en calidad como en precio durante períodos excesivos.
En las últimas décadas las políticas de patentes se han visto mediatizadas por la acción de los lobbies de algunas industrias con el principal objetivo de neutralizar la competencia que pudiera venir de países con capacidad para constituir una amenaza industrial y comercial. Ante la imposibilidad de neutralizar a países con rigores legislativos no tan extremos, el nuestro ha sido uno de los grandes damnificados.
Así, el actual sistema español de patentes hace que la producción de nuestra industria pase a ser anticompetitiva a la hora de penetrar en otros mercados. De hecho, la protección por patente de los medicamentos caduca antes en los Estados Unidos que en Europa. Y al no poder fabricar para exportar a los Estados Unidos antes de que caduque la patente en España, nuestra industria, a pesar de producir con las más altas exigencias de calidad, deja de ser competitiva mientras no traslade sus centros de fabricación a terceros Estados. Así lo han hecho ya algunas de nuestras compañías, llevando sus centros de producción a países como Méjico, Puerto Rico o incluso Malta. Constituye una triste realidad que algunas de las compañías de nuestro país mientras se dedican a comercializar productos de terceros en España, llevan su producción fabril al extranjero.
Todo ello se traduce en numerosas pérdidas de inversión en innovación, puestos de trabajo, contratación de personal cualificado, acuerdos con universidades y centros sanitarios, construcción y mejora de centros fabriles de última generación, adquisición de maquinaria avanzada y, no menos importante, cuantiosos ingresos para el Estado tanto en impuestos como en seguridad social.
Es importante aprovechar la oportunidad histórica que nos brinda esta necesidad repentina de reforma para, una vez superado el complejo de país poco protector de la propiedad industrial, lo que es completamente falso (las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE nos advierten de que nos hemos pasado en el nivel de protección), invertir en algo que nuestro país necesita: fomentar la exportación de nuestros productos. Y para ello la industria nacional precisa poder competir en países libres de patente desde el mismo día en que la patente caduca en aquel territorio, como sus competidores indios, chinos, mejicanos o incluso estadounidenses. Nos jugamos en ello el estar o no estar en mercados como el de los Estados Unidos, que en los próximos años y solo en farmacia implicará un posible negocio de más de 50.000 millones de euros para las empresas que estén en disposición de vender sus productos en él.
Tras la pérdida en el sistema público de algunos centenares de millones de euros en ahorro sanitario durante los últimos ocho años por una interpretación errónea de la normativa de patentes (lo que ha provocado retrasos en varios años en productos como olanzapina, atorvastatina o montelukast y pérdidas de inversiones importantes en el desarrollo de procesos y formas farmacéuticas alternativas por las empresas españolas más innovadoras), el Estado no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de abrir a sus empresas el mercado farmacéutico exterior. De otro modo, la castigada industria española, se verá, una vez más, forzadas a emigrar a países que quieran sus inversiones.
