Pendiente de publicar la nueva resolución sobre las subastas andaluzas (que sacará a concurso el 50 por ciento del mercado farmacéutico regional), la decisión del PP andaluz de cuestionar el levantamiento de la suspensión cautelar sobre las subastas andaluzas ha tensado una vez más las relaciones con la Consejería, cuya responsable ha dejado ya entrever su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio pueda boicotear de nuevo su resultado amenazando con imponer en toda España los precios andaluces.
La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP andaluz, Ana María Corredera, insiste en que la subasta “crea diferencias entre ciudadanos, reduce la oferta y genera problemas de abastecimiento, por lo que se trata de un recorte sanitario en toda regla y sitúa a los andaluces en desventaja en el acceso a los medicamentos”. Además, afirma que el Tribunal Constitucional “todavía no se ha pronunciado” sobre el contenido del recurso de constitucionalidad del Gobierno contra el decreto andaluz que, según recuerda, “pretende garantizar la equidad y la igualdad de los andaluces en el acceso a las prestaciones farmacéuticas”.
“La Junta de Andalucía nunca va a pedir perdón a los ciudadanos por impactar los ahorros necesarios en Andalucía en las cuentas abultadas de las grandes farmacéuticas y no pedirles más esfuerzo a los usuarios y en cambio el Gobierno nacional y el Partido Popular sí que tendrán que disculparse ante la ciudadanía por impactar en los colectivos más desfavorecidos los nuevos copagos y que penalizará a los usuarios de transporte sanitario, de dietoterápicos o de ortoprótesis”, asegura la Consejería en un comunicado. Además, el Departamento de María Jesús Montero recuerda que el Constitucional se pronuncia “claramente” en contra de cada uno de los argumentos utilizados por la Abogacía del Estado y que, de hecho, la vicepresidenta del Gobierno manifestó que se acataría su decisión.
También las acusaciones de privatización parecen haber colmado la paciencia de la consejera. Ante la denuncia del “doble discurso” sobre la gestión sanitaria lanzada por Corredera, que asegura que Andalucía es la comunidad con menos camas públicas, el Departamento de Salud ha afirmado que todos sus hospitales son “públicos, con gestión pública, personal público y atención pública”. Ante los ataques continuos lanzados por el PP, Andalucía se está planteando eliminar “el escaso 3,7 por ciento de actividad que tiene concertada” para que el 100 por ciento de la actividad sanitaria en Andalucía sea de provisión pública.
