Una enmienda presentada por el grupo Popular al Proyecto de Ley por el que se incorporan las directivas europeas sobre farmacovigilancia y medicamentos falsificados a la legislación española ha encontrado la fuerte oposición de José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del grupo Socialista en el Congreso. “Esta enmienda podría suponer acabar de un plumazo con la posibilidad de que los centros sanitarios públicos de todas las Comunidades Autónomas aprovechen los concursos públicos para obtener ahorros al adquirir suministros de medicamentos mediante este procedimiento”, ha asegurado.
En cálculos del Martínez Olmos, la aprobación de la enmienda supondría la pérdida de “entre 800 y 1.000 millones de euros anuales”. En concreto, la enmienda popular explica que “ el precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional”.
De facto, la incorporación de este texto a la Ley de Garantías, según la opinión de Martínez Olmos, puede suponer “millones de euros de pérdidas a las arcas públicas porque siguiendo el tenor literal de la propuesta, las compañías no tendrían ningún interés en acudir a los concursos de compra de medicamentos que realizan los hospitales públicos para no rebajar así ni un céntimo dado que estarían obligadas a hacer extensiva la rebaja a todo el territorio nacional”.
