Una enmienda presentada por el Partido Popular al proyecto de ley que modifica la Ley de Garantías para transponer la directiva de farmacovigilancia, por la que obligaría a las compañías a aplicar los descuentos realizados en cualquier comunidad autónoma a todo territorio nacional, podría tratar de derrumbar, de facto, iniciativas como las subastas andaluzas. Ante esta situación, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado ante los micrófonos de la Cadena SER que “seguirán adelante con las subastas”. En opinión de la consejera, es un deber para con los andaluces encontrar “algún resquicio legal para seguir con una actividad que ahorra 200 millones de euros al año”.
Asimismo, Montero ha querido recalcar “que el texto presentado por el Partido Popular no conseguirá frenar las subastas tal y como está redactado en la actualidad”. Por su parte, el Partido Popular ha justificado su enmienda porque algunas iniciativas autonómicas “contravienen la distribución competencial establecida en el marco constitucional vigente, y que han dado lugar a la existencia de una alta litigiosidad y a la necesidad de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional”. En este sentido, Montero ha reconocido que será el Constitucional el que tenga la última palabra, “si bien ya ha hecho algo importante como fue levantar la suspensión cautelar”.
