Transcurridos ocho meses de la reforma sanitaria, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, describe un sistema sanitario desestabilizado a base de decretos-ley y medidas dictadas desde Economía. La luz al final del túnel podría venir en forma de Pacto por la Innovación. El PSOE sigue teniendo la mano, y el ministerio sigue sin responder.
Pregunta. Son ya muchos los asuntos en el ámbito sanitario que se encuentran pendientes de fallo judicial. ¿Es necesario un nuevo debate competencial en Sanidad?
Respuesta. Creo que no. Las competencias están claras. Aunque haya discrepancias, existe una larga trayectoria de colaboración. Pero en un momento actual, en el que se hace necesaria una gestión austera, hay medidas autonómicas que pueden generar dudas. Son necesarios la cooperación y el liderazgo del Gobierno, pero no un debate competencial.
P. El Gobierno ataca las medidas autonómicas con una legislación básica que no deja de ser ambigua. ¿Hay que reformarla?
R. Las competencias no las define la Ley de Garantías, sino la Constitución y los estatutos de autonomía. El Gobierno quiere ser el único que decida la manera de ahorrar. Pero no tiene sentido que desde Hacienda le exija a las comunidades objetivos de ahorro y luego les impida conseguirlo recurriendo las medidas planteadas. Hay mucho fariseísmo por parte del Gobierno.
P. ¿Es el Tribunal Constitucional el órgano adecuado para dar soluciones a los problemas sociales derivados de la interpretación de las leyes?
R. El problema es que en estos meses las decisiones del Gobierno se han aprobado mediante real decreto-ley y no se han tramitado como proyecto de ley, que es lo que permite limar las normas. Por eso hay invasiones competenciales. En el caso de la Sanidad es evidente. A partir de que el Gobierno se negó a tramitar como proyecto de ley el RDL 16/2012, había muchas posibilidades de que se tuviera que recurrir al Tribunal Constitucional. No es lo ideal, pero es el único órgano capaz de resolver esas diferencias.
P. ¿Por qué conociendo las leyes que daban cobertura al euro por receta, y arrastrando el conflicto andaluz, el Gobierno no aprovechó la reforma de la Ley de Garantías de 2012 para clarificar la norma?
R. Ha habido un problema serio de gestión del ministerio. No tiene autonomía, Los objetivos los dicta Economía. Esta injerencia da lugar a una serie de estropicios jurídicos. La corrección de errores del RDL 16/2012 es un ejemplo de que no hay una preeminencia de la visión de Sanidad de los problemas y la explicación está en que la ministra no es competente. No sabe lo que tiene entre manos.
P. ¿Qué papel le queda a las Cortes ante el uso del decreto-ley?
R. Seguiremos reivindicando nuestro papel legislativo para hacer posible una sanidad pública, universal y sostenible.
P. ¿Por qué Sanidad no evalúa el impacto del RDL 16/2012?
R. Tendrá que responder a eso. Tenemos serios problemas de incompetencia en términos de capacidad técnica y de liderazgo por parte de la ministra. La acusé y la acuso de que sus decisiones dañan la salud de las personas porque hay que gente que no retira sus medicamentos al final de mes. Lo saben todos los profesionales que trabajan en la oficina de farmacia y muchos médicos. Ella se limita a decir que nadie se queda sin sus medicamentos. No es capaz de atender a la peor acusación que se le puede hacer a su política sanitaria. Es como si alguien acusara al ministro de Hacienda de robar el dinero público. No es consciente de que está perjudicando la salud de las personas.
P. El ahorro alcanzado en 2012 y los objetivos de déficit reflejan que el problema de las comunidades ya no es de gasto, sino de ingresos. ¿Habría que adelantar la reforma del sistema de financiación en lugar de esperar a 2014?
R. Lo que hay que asegurar es el planteamiento hecho en el Consejo Interterritorial del 18 de marzo de 2010. Se necesita que los recursos que se generen por ahorros o ingresos adicionales tengan destino finalista en sanidad. De lo contrario no sirven para la sostenibilidad. No es tanto problema del modelo, que también hay que revisarlo, sino de cumplir este objetivo de que la austeridad en sanidad debe revertir en sanidad. Esa es la razón por la cual, un año después de llegar Mariano Rajoy al Gobierno, tiene un déficit en sanidad de unos 8.000 millones de euros. Porque los ahorros conseguidos en sanidad no han llegado a los presupuestos.
P. ¿Es viable el mecanismo de endeudamiento de las comunidades?
R. Efectivamente, una cosa es la estrategia de pago a proveedores, que hizo que las comunidades pudieran pagar en torno a 12.000 o 13.000 millones, que no 16.000. Pero se los deben al Estado. Eso tiene un interés al 6 o 7 por ciento a diez años con dos años de carencia. Aparte está la nueva deuda generada: 3.200 millones a la industria farmacéutica, 2.800 a la de productos sanitarios y 1.500 a las farmacias y otros proveedores.
P. A la luz de lo que Facme planteó a los diputados, ¿tiene sentido la subcomisión del Congreso sin la presencia de PSOE e IU?
R. Lo que no tienes sentido es una subcomisión para un pacto que se crea antes del Real Decreto-ley 16/2012, que la hace inválida porque cambia el modelo sanitario. Llamamos a la ministra a que dejara la puerta abierta a reconsiderar las cosas y se negó. No creemos en un modelo que excluye a la gente. Comprendo que Facme dijera lo que dijo, porque no es una subcomisión de interés para los profesionales.
Pregunta. El gasto farmacéutico sigue siendo el gran nicho de ahorro en Sanidad para los gestores. Se sigue señalando que su peso porcentual sobre el gasto sanitario es excesivo. ¿Hasta dónde habría que bajar ese porcentaje?
Respuesta. El que el gasto farmacéutico es excesivo es un estereotipo que no tiene siempre fundamento. Creo que el margen de ahorro existe en el ámbito de los medicamentos, pero es pequeño ya.
P. ¿Y por dónde pasa?
R. Básicamente se trata de conseguir que los medicamentos que no estén protegidos por patente tengan el menor precio posible y que los fármacos que tienen los médicos se usen bien. Una política de calidad es la línea. Y no podemos olvidar que las innovaciones no pueden estar esperando meses.
P. ¿Cree que habrá Pacto por la Innovación?
R. La oferta se la hicimos a la ministra y no ha contestado.
P. ¿Es posible ese acuerdo sin un Pacto por la Sanidad?
R. Se puede hacer un pacto por la Innovación sin tener que hacer un pacto por la Sanidad. Una cosa no quita la otra. Estamos dispuestos a acordar los criterios que rijan la incorporación y utilización de la innovación. Pero el ministerio no sabe lo que tiene entre manos. Si yo estuviera en el Gobierno y el partido de la oposición lanzara esta petición, lo cogería al vuelo. Es una dejadez alucinante.
