La semana pasada el Parlamento Europeo transmitió una señal clara sobre la necesidad de actualizar la Directiva de Transparencia a los estados de la Unión Europea reacios a ello. A la espera de que el Consejo de la UE apruebe el proyecto, el informe que sale de la Eurocámara ha tenido que ceder ante los países en dos cuestiones fundamentales: la rigidez de los plazos y la autosanción de los estados que los incumplan.
Varios son los objetivos de la revisión de la directiva. De entre todos ellos, el comisario de Industria y Empresa, Antonio Tajani, destaca la necesidad de establecer un mercado farmacéutico europeo único y la de crear un marco favorable a tres niveles: uno que permita a la industria desarrollar nuevos fármacos. Otro, que genere ahorros para los estados gracias a un acceso más fácil y rápido a los genéricos. Y un tercero, que permita a los ciudadanos aprovecharse de un acceso más rápido y barato a los medicamentos.
Pero conjugar estos tres ámbitos no está siendo fácil. Este periódico ya informó (ver EG núm. 592) acerca del peligro que la rigidez de los plazos suponía para que algunos países aceptaran la nueva directiva. Tanto fue así, que entre las recomendaciones aprobadas a finales de diciembre por la Comisión de Salud de la Eurocámara ya se encontraba la conservación del plazo actual para los innovadores, (180 días), y la ampliación para los genéricos, de 30 a 60 días. Pero esta modificación no ha sido suficiente para los miembros del Consejo de la UE más afectados por la crisis y por unos presupuestos mínimos.
La situación, de hecho, ha dividido en dos al Europarlamento: aquellos que piensan que la propuesta de revisión es demasiado ambiciosa y los que opinan que se queda corta. Acabar con la propuesta de autosanción para los Estados miembro era algo ineludible para los primeros, entre los que se encuentra España, tal y como indicó el eurodiputado socialista Andrés Perelló. “Eliminar la propuesta para que los estados se denuncien a sí mismos y acaben indemnizando a las empresas farmacéuticas ha sido un acierto, porque solo beneficiaba a la industria, y no a los pacientes ni a los estados”, señaló.
No han sido los únicos cambios. El informe del Europarlamento también ha incluido a los “sectores vulnerables” (entre ellos los niños, los jubilados, los desempleados y los enfermos crónicos) como variable a tener en cuenta tanto a la hora de fijar los precios de los medicamentos como de introducir o quitar fármacos de los sistemas de Seguridad Social. Perelló también consideró importante este cambio, “sobre todo en momentos de austeridad salvaje en Europa y momentos de recortes inhumanos en el sur de Europa que están afectando en materia sanitaria a los más vulnerables”.
Lo ideal, para Perelló, sería tener un sistema de salud similar entre todos, pero el principio de subsidiariedad hace que ese reto siga siendo lejano. Los eurodiputados que querían una directiva más ambiciosa se esfuerzan en convencer a los países reticentes de que la revisión no equivaldría a una merma de sus competencias, sino que supondría un instrumento de armonización que permitirá eliminar barreras entre los mercados (la lista de medicamentos reembolsados en Rumanía lleva más de 1.000 días sin ser actualizada, según el eurodiputado Petru Constantin Luhan), reflejar la complejidad que los procedimientos de precios y reembolsos han acumulado en 20 años y evitar “prácticas desleales” por parte de la industria farmacéutica.
La ponente del informe, la eurodiputada Antonya Parvanova, no se olvidó de recordar que la revisión de la directiva no es más que un fleco de la investigación sobre las supuestas prácticas anticompetitivas en el sector farmacéutico. El ‘caso Mediator’ en Francia, el retraso de genéricos en Portugal o la denuncia por prácticas anticompetitivas en Países Bajos son ejemplos que, a su juicio, demuestran que “la situación actual no puede ser la respuesta”.
