El establecimiento del precio notificado en algunos medicamentos ha generado un conflicto entre los distintos agentes del sector. A este respecto, el presidente del Grupo Cofares, Carlos González Boch, lo tiene claro: el precio notificado solo se debe aplicar a los desfinanciados, nunca a los financiados, ya sean con receta pública o privada.
Pregunta. Precio notificado. Una nueva preocupación, ¿no?
Respuesta. Pues sí, porque el precio financiado es el generalizado entre todos los agentes y constituye la base para la toma de decisiones y para el cumplimiento del uso racional del medicamento. El precio notificado se aplicará a productos desfinanciados y en el caso de laboratorios que tienen productos financiados la Administración habla de que podrán comercializarlos a precio notificado.
P. Un condicional.
R. Sí, no es obligatorio. Además, desactivaría automáticamente el precio libre de los contratos con la distribución. Origina un conflicto que tiene que gestionarlo la Administración, que es la que ha puesto en marcha el mecanismo de la notificación. Tiene que desarrollar los instrumentos necesarios para gestionar ese conflicto.
P. ¿Cómo se puede gestionar?
R. Difícil, porque no es un conflicto económico, es de criterio y concepto. Pero creo que la industria no utilizará el mecanismo, no sería inteligente, no le conviene. Además, la Administración debe velar porque haya un precio claro y transparente, no tiene sentido que un medicamento financiado tenga un precio diferente cuando es adquirido por el paciente en una receta privada. Estamos en la primera fase, por lo que son prematuras algunas interpretaciones sobre el precio notificado.
P. ¿Había necesidad?
R. No. Todos hacemos esfuerzos para colaborar en el sostenimiento del SNS. Por ejemplo, nosotros aceptamos el precio libre, que supone una carga financiera. La farmacia soporta descuentos del 7,5 y 15 por ciento. El precio notificado no aporta nada. Espero que se actúe con sensatez, respondiendo cada uno a sus responsabilidades. No hay que crear un conflicto donde no debería haberlo.
P. Porque beneficios…
R. Ninguno. Alguien dijo que la fijación de precios en Europa se haría de una forma más confortable. Se fijarían precios más altos y tendría ventajas para la fijación de precios en otros países. También que se podría controlar el comercio paralelo que hacen algunas farmacias, pero hay mecanismos para controlar esto de una forma más eficiente sin tener que perjudicar a la farmacia. Esos objetivos y justificaciones no ayudan nada a mantener la armonía que tendríamos que mantener en el sector.
P. ¿Tapar agujeros con boquetes?
P. Sí, porque se pueden tapar esos agujeros de otra forma. La Administración debe actuar cuando hay conductas que no son razonables en las farmacias, pero eso está regulado. Y los mecanismos de fijación de precio a nivel europeo tienen sus consensos, sus estadísticas, y hay que cumplirlas.
P. ¿Se consultó a la distribución antes de establecer este sistema?
R. Cuando entró en vigor el RD 16/2012 Fedifar envió una carta al Ministerio de Sanidad en la que exponía que el precio notificado desactivaba el precio libre, lo dejaba sin cobertura legal. También que el precio notificado era para los productos desfinanciados. La sorpresa es que alguien interprete ese podrá condicional para que los medicamentos financiados tengan dos precios. Esa posibilidad es irrealizable en un marco de transparencia y rigor como es el que tiene que tener los financiados.
P. ¿Crear un fondo de compensación como el del RDL 8/2010?
R. No deberíamos entrar ni siquiera en esa fase. El precio notificado es solo para los desfinanciados, no es procedente un precio notificado para los medicamentos con cargo al SNS. De ahí no deberíamos pasar, no quiero pensar en fondos de compensaciones.
P. De pasar esa línea, ¿la distribución tendría las manos atadas?
R. Tendría que denunciar los contratos de precio libre, habría un precio notificado que repercutiría a la farmacia, que ya está muy dañada. ¿Cómo compensarla? De la distribución adquiriría los productos a un precio más caro, y al no haber trazabilidad sobre el producto no sabría de quién ha llegado. La farmacia merece un marco de estabilidad que tendríamos que otorgarle entre todos.
P. ¿Y la industria?
R. No tiene que poner en marcha precios notificados de productos financiados. Si alguien piensa que es el camino se equivoca gravemente, y nos pone a todos en una situación de tensión que no debería existir. No es un camino a recorrer, no se lo aconsejo a nadie.
P. Es un camino apuntado desde Farmaindustria por Emili Esteve: negociación directa de los laboratorios con las farmacias.
R. Es un escenario irreal. Otra cosa es que alguien quiera forzar unos mecanismos hasta llegar a una valoración como esa, pero no es ni el camino correcto ni el adecuado ni el responsable.
P. Pero pongámonos en el peor de los casos…
R. Repito, lo básico es el concepto: un precio claro y transparente. Llego hasta ahí y no quiero pasar de ahí. Este concepto básico no se da en el precio notificado en productos financiados, sería un derecho que asiste a una de las partes, que lo aprovecharía atropellar los derechos de los demás: la distribución y la farmacia.
P. ¿Atropellar?
R. Sí, porque no tiene ninguna razón de ser. No se puede explicar que un mismo producto tenga precios diferentes. Si los laboratorios distribuyesen directamente a la farmacia el conflicto podría ser gestionable, pero como no es así ni lo será, no es posible.
P. En este sentido, con el precio notificado la farmacia denuncia que actuaría como financiadora.
R. Sí. ¿Cómo el agente final de la cadena debe hacer frente a unos costos por no haber un precio claro y transparente, como dice el artículo 101 de la Ley de Garantías? La receta no puede marcar el precio de un medicamento.
P. Además, se incrementaría la inversión en stocks, ¿no?
R. Claro. La distribución tiene un mecanismo de precio libre y la experiencia nos ha permitido gestionar ese precio. Pero la farmacia no puede ser objeto de este tipo de acciones, porque no tiene defensa.
P. Y a partir de ahora, ¿qué hay que esperar?
R. Que la Administración clarifique los criterios vertidos en la ley, pero de momento no hemos recibido respuesta. Estamos en fase de rumores sobre una medida que colocaría a la farmacia en una situación insostenible y a la distribución en una posición difícil.
P. ¿Cree que la Administración mira solo hacia un lado?
R. No, creo que ha dejado algún cabo por atar y tiene que atarlos. Por ejemplo, el precio libre, que es cuestionado a nivel europeo. Eso sí, alguien puede hacer pensado que si lo cambia por el notificado se puede hacer lo mismo sin tener tanto conflicto político. La Administración tiene que aclarar conceptos y el sector tiene que tener claro que somos uno: llevarse bien es algo obligado.
