Redacción Valencia | viernes, 15 de marzo de 2013 h |

“En esta farmacia no se dispensan recetas públicas”. Si en la actualidad cualquiera de las 22.000 farmacias españolas luciese un cartel con este mensaje, estaría incumpliendo sus obligaciones legales. Pero es posible que, en adelante, un aviso semejante sea una realidad, y legal, en cualquier botica de Comunidad Valenciana, debido a la concertación individual de la prestación farmacéutica que establece el Decreto-ley 2/2013, ya validado por las Cortes regionales.

En un ejemplo de “lo tomas o lo dejas”, esta norma faculta a la Consejería de Sanidad regional a elaborar, sin consultar con las partes implicadas, el acuerdo marco por el que se regirá la prestación farmacéutica concertada, al que podrán adherirse voluntaria e individualmente las boticas. De no hacerlo… ¿La consecuencia? No podrán dispensar recetas públicas, “lo que en la práctica supone cerrar la botica”, denuncia María Teresa Guardiola, presidenta de los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana.

Incluso, los colegios valencianos resaltan que el artículo 9 del decreto-ley “admite que haya boticas que no dispensen medicamentos financiados, posibilitando que haya municipios donde los ciudadanos no puedan conseguir su medicación”. Esta desigualdad ya fue motivo de una sentencia del Tribunal Supremo contra la Ley Foral de Navarra, “de la que este decreto-ley es un calco”, señalan.

Por esta desigualdad, así como otros signos de inconstitucionalidad observados en su contenido, los farmacéuticos valencianos intentarán, por este orden, que el Gobierno, 50 diputados o senadores, o el Defensor del Pueblo presenten un recurso de constitucionalidad contra esta norma.

La farmacia valenciana volvió a mostrar su desacuerdo con esta norma en una comparecencia pública conjunta de colegios, patronales y sindicatos farmacéuticos que tuvo lugar el 14 de marzo, en la que se denunció que esta medida es “un castigo” de la Generalitat a los cierres patronales de noviembre de 2012 como protesta por los impagos, y que el ahorro que persigue la norma conllevará “cubanizar” el modelo mediterráneo de farmacia.