José María López Alemany
En las últimas semanas se está hablando mucho del apretón de cinturón de 50.000 millones de euros que las administraciones públicas tienen que acometer en los próximos tres años. De ellos, probablemente entre 15.000 y 20.000 millones le correspondan a las autonomías. Lo cual es fácil de decir, pero muy difícil de hacer ya que tienen un gran porcentaje de su presupuesto comprometido de antemano. Entre la sanidad, que supone el 33,4 por ciento del presupuesto, y la educación probablemente se supere el 50 por ciento. A ello hay que añadir la Justicia, la dependencia, los servicios sociales y otros que no se verán, según ha afirmado el Gobierno, afectados por los planes de recorte. Entonces, la pregunta es clara: ¿de dónde, y cómo, se va a recortar? Porque es difícil hacerlo, pero mucho más llevarlo a cabo sin tocar esas ‘partidas protegidas’.
La cuestión de fondo es si es necesario recortar una partida que, en comparación con los países de nuestro entorno se muestra insuficiente ya que España dedica sólo el 6 por ciento de su PIB a la sanidad. No parece lógico. Pero algo que no se debe olvidar es que la sanidad supone el 34 por ciento del presupuesto de las autonomías, una cifra nada despreciable y que despierta los recelos de los consejeros de Economía.
Tal vez el problema radica en el excesivo peso que la sanidad tiene en las cuentas de las comunidades y sea éste el problema a solucionar, ya que aunque el gasto sanitario público sea bajo y eficiente para la ministra Trinidad Jiménez, el impacto presupuestario es enorme para las comunidades autónomas. Una única realidad y dos visiones. Y es que la situación depende mucho del color del cristal con el que se mire.
