Una vez que España modifique su normativa de IVA conforme a los cánones europeos, las administraciones públicas y los gestores privados renegociarán los cánones que se pagan a las empresas fabricantes, pero el sector público y el privado no se enfrentarán al alza con las mismas armas. El sector privado siempre puede encarecer sus pólizas, aunque esa sea una alternativa cuestionable desde el punto de vista de la competitividad. El informe del Consorcio de Salud y Social de Cataluña pone el énfasis en la eficiencia y en opciones híbridas de gestión para conseguir limitar el impacto del alza tributario.
El caso de los hospitales públicos es bastante más rocambolesco. El IVA que pagan va al Gobierno por los bienes y servicios que compran, y emplean para ello sus recursos disponibles, que no son sino fondos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos que el Estado reparte vía transferencias en los Presupuestos Generales. La nueva subida del IVA sanitario dará como resultado que los hospitales, que al final reciben su dinero del Estado, necesitarán más cantidad de esos fondos públicos para pagar más impuestos que irán en su mayoría de nuevo al Gobierno, si lo que quieren es mantener el nivel de compra. No recibir más dinero significaría irremediablemente que la capacidad de compra de los hospitales bajará. Hace años, los hospitales españoles pedían un tipo de IVA del 0 por ciento, como el que se aprobó el pasado noviembre para la construcción de obra nueva. Tal vez fuera hora de rescatar esta petición.
