La llegada Manuel Llombart a la Consejería de Sanidad Valenciana ha significado para los farmacéuticos de esta autonomía una vuelta de tuerca más en una situación que ya era insostenible. Una situación que, por ejemplo, durante el pasado años llevasen a cabo un cierre patronal que se prolongó durante 19 días como protesta por la deuda que mantenía la Generalitat que preside Alberto Fabra.
Precisamente, muchos farmacéuticos valencianos ven en este cierre patronal uno de los motivos por los que, en su afán recaudatorio para aliviar las penurias de unas arcas autonómicas bajo mínimos, la Consejería de Sanidad ha vuelto a apretar el cinturón a sus oficinas de farmacia. Así, y a pesar de que el gobierno autonómico debe a sus farmacéuticos casi 300 millones de euros, desde la consejería que dirige Llombart se impulso un decreto-ley, el 2/2013, que ha supuesto un impacto en la línea de flotación del colectivo farmacéutico de esta comunidad.
Un decreto ley que supone una ‘declaración de guerra’ al sector de oficinas de farmacia, refrendada con la denuncia del concierto por parte de la administración regional, y con el que la Generalitat pretende ahorrar 300 millones de euros, un ahorro que ponen en cuestión los propios farmacéuticos. Esta normativa, además de recoger aspectos que según los afectados son de dudosa legalidad, como la posibilidad de abrir la puerta a la concertación individual, también recoge otra serie de medidas como la prestación farmacéutica a domicilio de absorbentes de incontinencia y productos dietoterápicos.
Sobre este particular, esta semana se iniciará un pilotaje, denominado proyecto Akasa, en 600 pacientes del área de la comarca del Camp del Túria. Un piloto, que posteriormente se extenderá a la distribución de dietoterápicos, con el que la Generalitat pretende evaluar una iniciativa orientada a ahorrar a la comunidad 10 millones de euros, ya que se ahorrarían el margen de la farmacia. Eso sí, desde el sector se duda de que se produzca ese ahorro, ya que “los cálculos que se hacen son demasiado optimistas”.
Ante este panorama, los farmacéuticos se quejan de la falta de comunicación por parte de la consejería. “El decreto-ley es un ejemplo de que se adoptan medidas no consensuadas y no habladas con el colectivo”, precisó Jaime Carbonell, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, al tiempo que añade que, además, “el ahorro que pueden generar no justifican su urgencia”.
Por este motivo, desde el colectivo farmacéutico se reclama un mayor diálogo. “Hemos pedido al consejero que reflexione y nos sentemos a hablar, porque no hay que perder el diálogo”, indicó Carbonell que, respecto al proyecto precisó que no sabía cómo se pretendía hacer porque no ha sido comunicado a los farmacéuticos. Eso sí, señaló que en ningún caso deberá comprender fármacos porque, de lo contrario, “lo denunciaríamos inmediatamente”.
La Generalitat pide
Sin embargo, y a pesar de ese enfriamiento en las relaciones entre el colectivo farmacéutico y la Generalitat, parece que esta ha hecho suyo el juego del palo y la zanahoria. Así, quizá en un intento de suavizar esta ‘guerra fría’ que mantienen Administración y farmacias, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, anunció la semana pasada que solicitarán al Ministerio de Hacienda que el nuevo plan de proveedores anunciado recientemente por Cristóbal Montoro incluya los pagos a las oficinas de farmacia, lo que facilitaría el cobro de las deudas.
