No han faltado apoyos ni declaraciones explícitas. Incluso un parlamento autonómico, las Cortes de Castilla y León, ha realizado una declaración en contra de liberalizar un modelo que funciona en cuanto a los servicios que presta, gracias al binomio titularidad-propiedad. Cuatro grupos políticos hay detrás de la proposición no de ley mencionada. Tampoco han faltado consejeros ni autonomías en ese apoyo explícito, que en algún caso le ha llegado directamente al propio Mariano Rajoy. Pero el documento lanzado como un nuevo “globo sonda” era una realidad. El borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que desató la alarma es antiguo (de diciembre de 2012), porque no incluía las alegaciones de otros colectivos como arquitectos o abogados, además de las realizadas por los farmacéuticos. Con todo, el anteproyecto intentaba derogar el artículo 103.4 de la Ley General de Sanidad sobre el mencionado binomio titularidad-propiedad. Una mente maquiavélica podría pensar que si unimos la ruina de la farmacia actual a las medidas para liberalizar la propiedad, le ofreceríamos a las grandes superficies un nuevo negocio a precio de saldo. Pero es demasiado retorcido para ser parte de una conspiración. Ahora, el mayor de los peligros para la farmacia es una rentabilidad que baja velozmente.
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