Divide y vencerás. Esta estrategia que los libros de Historia atribuyen originariamente a Filipo de Macedonia (siglo IV a.C.), ha sido adoptada por la Generalitat de Comunidad Valenciana para definir su relación futura con las boticas regionales en la prestación farmacéutica pública. Una estrategia que, plasmada sobre un decreto-ley, se traduce en que “el acuerdo por el que se establecen las condiciones de concertación con las farmacias podrá suscribirse, en modalidad colectiva o individual, con colegios farmacéuticos, entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas”. Ello provocará que los tiempos en los que los colegios eran los únicos entes profesionales que negociaban estos conciertos pasen, como el divide et impera, a los libros de Historia.
“Tenemos claro que esta modificación solo tiene el objetivo de quebrar la unión de la farmacia valenciana y restar fuerza a los colegios”, indica Jesús Bellver, presidente del COF de Castellón. No es el único motivo que, para Bellver, se escondería tras la decisión, ya que alude también a una posible “represalia” a los cierres patronales de noviembre de 2012 como protesta por los impagos.
En una reunión que tuvo lugar el 6 de marzo, con el decreto-ley ya publicado desde el día 4, la consejería de Sanidad regional comunicó a los presidentes de los colegios provinciales que “al margen de lo que refleje esta norma”, las intenciones pasan por mantener el statu quo. Es decir, seguir considerando a los colegios como los únicos representantes válidos en la negociación de un nuevo concierto, el cual debe estar listo en un plazo de cuatro meses.
Pero desde los colegios se desconfía. “Aunque actualmente nos indiquen esto, el contenido del decreto-ley les habilita a cambiar de criterio siempre que deseen”, recuerda Jaime Carbonell, presidente del COF de Alicante. Además, su homólogo de Castellón se cuestiona por este cambio en un decreto-ley cuya publicación se justifica en la “urgencia” de rebajar el gasto. “¿Qué tiene que ver el concierto con el ahorro?”, pregunta Bellver.
Los conciertos individuales que permite esta modificación provocarían, según los presidentes colegiales, un “berenjenal”, ya que podría darse el caso en el que una farmacia dispensase con cargo al SNS y la más próxima no (si no se ha adherido al concierto), diversas obligaciones de guardias, distintas condiciones de facturación… Y para muestra, un botón: “Si con un único concierto en el que nos integramos todas las farmacias estamos sufriendo meses de impagos, ¿qué puede pasar si hay múltiples conciertos?”, ilustra Bellver.
Dispensación a crónicos
No hay evento farmacéutico que cuente con la presencia de un representante político en el que este no corrobore la importante función asistencial que pueden jugar las farmacias de cara al paciente crónico. Sin embargo, a veces estas manifestaciones acaban confirmándose como mensajes “cara a la galería”. ¿Ejemplo? El decreto-ley valenciano, que relega a las boticas a un segundo plano en la dispensación y seguimiento a crónicos en detrimento de hospitales y centros de salud.
En este caso existe, además, un agravante para explicar la “sorpresa y decepción” que manifiestan los farmacéuticos valencianos: la existencia de directrices europeas que invitan a otorgar a las boticas un papel principal en la atención a crónicos. “La Administración minusvalora las actividades que se realizan en las farmacias”, expone Vicente Baixauli, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac).
Este farmacéutico valenciano recuerda que “la farmacia comunitaria puede asumir muchas funciones a un coste menor que la Administración Pública”, por lo que critica que la Generalitat no haya apoyado en una memoria económica su decisión de dispensar directamente en hospitales y centros de salud ciertos productos farmacéuticos a crónicos.
Como queda patente, el fondo de la medida no ha gustado en el sector. Menos aún las formas, ya que desde los colegios se critica que conocieron esta medida por la prensa. “Y no debemos olvidar que la norma llega en un momento en el que todavía se le deben 300 millones a las farmacias”, recuerda Carbonell. Además, su tramitación como decreto-ley limita sobremanera las actuaciones a emprender. Precisamente, la patronal nacional FEFE ha criticado que se utilice esta vía “para contravenir normas estatales”, ya que estima que su contenido “es anticonstitucional”.
