El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y diferentes asociaciones de pacientes acordaron poner límites al copago para el transporte sanitario no urgente de los pacientes con procesos largos y complicados que demanden un tratamiento de larga duración, como tratamientos de diálisis o pacientes oncológicos. Una medida que cuenta con la aceptación de la Alianza General de Pacientes (AGP).
Aunque en un principio, el presidente de Alcer y de la AGP, Alejandro Toledo, esperaba que no se aplicara el copago en el transporte sanitario de pacientes en hemodiálisis, ante la negativa del Ministerio de eximir a estos pacientes de dicho copago la federación propuso establecer topes anuales. Estos se fijarían como una aportación de entre seis y 60 euros anuales en función de la renta de los pacientes. Finalmente, la propuesta del Ministerio de Sanidad, recogida en el Proyecto de Orden por la que se define la cartera común suplementaria de transporte sanitario no urgente del SNS se establece que los topes serán de diez, 20 y 60 euros en función de la renta. Algo superiores, pero en línea con lo que la Alcer planteó.
Esta cuestión es de gran importancia para los pacientes con insuficiencia renal puesto que requieren de varios traslados semanales a centros sanitarios para someterse a diálisis. Esta situación ha sido entendida por la Administración, que ha accedido a transformar para los pacientes crónicos que requieran al menos cuatro traslados semanales en topes anuales los límites que para la generalidad de pacientes son mensuales.
Esta concesión ha sido lograda por el trabajo realizado por Alcer, que ha llevado a cabo una campaña en medios de comunicación, en pro de los intereses y derechos de los pacientes renales crónicos en tratamiento de hemodiálisis, dicha campaña ha sido crucial para conseguir un acuerdo y que la normativa afecte en menor medida a los pacientes.
Según la propuesta de Sanidad, el transporte sanitario no urgente tendrá un precio base de 50 euros por trayecto del que el paciente abonará un 10 por ciento. Con ello se busca evitar discriminaciones para pacientes con hogares en zonas alejadas o rurales de los centros sanitarios.
