Los boticarios catalanes se pronunciarán esta semana acerca de las ‘medidas de fuerza’ a adoptar como consecuencia de los impagos por parte de la Generalitat, que hacen que previsiblemente durante 2013 las facturas se abonarán hasta con cuatro meses de retraso. Así se decidió la semana pasada en una reunión informativa celebrada en el marco Infarma 2013, en la que los presidentes de los colegios de farmacéuticos catalanes, Jordi de Dalmases (Barcelona); Josep Aiguabella (Lérida); Joaquím Nolla (Tarragona); y Joan Fajula, (Gerona), emplazaron a sus colegiados a pronunciarse sobre las propuestas surgidas de esta reunión.
Entre ellas se encuentra, además de la reclamación por vía judicial de los intereses generados por el impago de una deuda que ya alcanza 302,7 millones de euros, la posibilidad de un cierre patronal. En este sentido, cabe destacar que esta ‘medida de presión’ para que la Generalitat cumpla con el pago a los farmacéuticos, ya fue adoptada por las boticas catalanas el 25 de octubre pasado, cuando reclamaban 99 millones de atrasos de la factura del mes de julio, que sumada a la de agosto ascendía a 190 millones de euros.
En esa ocasión, y tras caerse de la primera lista de pagos de la Generalitat con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), más del 80 por ciento de los farmacéuticos catalanes apoyaron llevar a cabo una jornada de cierre. ¿Tuvo algún efecto positivo para los boticarios? El mismo día que se llevó a cabo el paro la Generalitat hizo efectivo el pago. Desde ese momento, y hasta un nuevo pago realizado en enero con cargo a la tesorería de la Generalitat, ya que los anteriores se hicieron con cargo al FLA, los pagos a la botica catalana se llevaron a cabo con ‘estabilidad’, aunque con los retrasos acumulados. Una situación que disipaba, en cierta medida, llevar a cabo otro cierre patronal.
Represalias
El cierre patronal como ‘medida de presión’ no es algo nuevo entre el colectivo farmacéutico español. Así, además de Cataluña, hay dos comunidades autónomas en las que sus farmacéuticos han optado por esta solución como protesta ante los impagos. Es el caso de los profesionales de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que han protagonizado recientemente este tipo de acciones.
Así, el 11 de agosto de 2011, las farmacias de Castilla-La Mancha, excepto las de la provincia de Albacete, echaron el cierre ante los impagos de una deuda acumulada de 125 millones de euros. Un cierre, que fue seguido por el 75 por ciento de los farmacéuticos, que mostró el malestar del colectivo y que, finalmente logró, de una forma u otra, que el gobierno regional saldase esa deuda a través del plan autonómico de pago a proveedores.
Sin embargo, el cierre no estuvo exento de polémica, ya que el gobierno regional amenazó a los farmacéuticos que si mantenían su posición estaría dispuesto a “cambiar las reglas del juego”. Así lo precisó el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz. ¿En el fondo de la amenaza? La liberalización.
Por su parte, la Comunidad Valenciana es la más experta en estas lides. En 2010 las farmacias valencianas echaron el cierre como protesta por los RDL 4/2010 y 8/2010. En noviembre de 2012 permanecieron 19 días cerradas a causa de los impagos (450 millones de euros). ¿Resultado? La deuda ha bajado y se ha establecido un calendario de pagos. ¿Efectos secundarios? Un decreto-ley que quitar la representatividad única en la concertación. ¿Represalia por el cierre? Los colegios de farmacéuticos apuntan a esta dirección.
El pago de la factura farmacéutica se ha convertido en un arma arrojadiza entre comunidades y Gobierno. Más concretamente, entre Cataluña y el Ejecutivo central. Así, siempre que ha habido un retraso en el pago, desde la Generalitat se ha hecho responsable del mismo al Gobierno, ya que a pesar de tener las competencias sanitarias transferidas y ser el pago a las boticas su responsabilidad, el ‘mantra’ de que la Administración tiene una deuda con Cataluña ha sido algo recurrente.
Esta situación se ha reproducido tras el anuncio de la Generalitat de que no abonaría en febrero la factura (noviembre), tal y como estaba establecido, y que durante 2013 el retraso en el pago se incrementaría hasta los 120 días. Pero, ¿quién tiene la culpa de esta situación? Para la Generalitat, el Estado, y así lo volvió a reiterar el consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, que instó a los farmacéuticos a unirse a la Generalitat para reclamar los pagos pendientes.
“No tenemos dinero y por mucho que todos vengan a llamar a la puerta de la Generalitat difícilmente podremos dar respuesta, por lo que debemos ir todos juntos a llamar a la puerta de quien nos debe pagar”, dijo Ruiz. Una situación que se produce cuando, tal y como precisó el presidente de los farmacéuticos catalanes, Jordi de Dalmases, a pesar de que Cataluña recibió en febrero un pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2013. “No llega para pagar las facturas farmacéuticas”, se lamentó.
