El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, la presentación de una Ley de Garantía para la Sostenibilidad del Servicio Público de Salud de Andalucía que tendrá como objetivo “preservar su acceso universal, asegurar la totalidad de prestaciones a todos los ciudadanos y evitar barreras de acceso”. El presidente ha expresado su convencimiento sobre la “viabilidad” del sistema sanitario público, aunque ha defendido que “sería bueno debatir sobre el modelo, el carácter público, el sistema integrado o la privatización de servicios” porque desde Andalucía defendemos un sistema “de carácter universal” frente a otros que optan por “excluir inmigrantes, prestaciones o plantear copagos”.
En referencia a la subasta de medicamentos ha explicado que lo hacen “con una austeridad que significa no recortar derechos porque elegimos siempre quién tiene que asumir el coste”, ha defendido el jefe del Ejecutivo andaluz. Según él esta iniciativa permite “ahorrar 200 millones si no nos la recurren pero el coste no lo asumen los ciudadanos”.
Griñan ha señalado que en Andalucía se ha construido un servicio de salud que garantiza la equidad y ha insistido en que en su región se asegura la gratuidad de todas las prestaciones, incluso en aquellas en las que era opcional establecer mecanismos de copago. “No todos tenemos el mismo concepto del sistema sanitario”, ha explicado el presidente andaluz, para quien sería bueno debatir sobre el modelo, sobre el carácter público del sistema, y sobre la prestación de servicios. En este sentido, ha indicado que donde unos excluyen prestaciones, ellos extienden servicios, y donde unos aplican el copago, ellos lo evitan, limitan o introducen mecanismos que hacen innecesario adelantar el dinero, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas.
Así, ha mencionado que la subasta de medicamentos, puede ahorrar 200 millones de euros sin que los ciudadanos asuman el coste, sino las compañías farmacéuticas, a diferencia de las medidas sobre farmacia del Gobierno de la nación cuyo “ahorro” ha supuesto que los pensionistas hayan tenido que aportar 384 millones de euros sólo en el año 2012.
