Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Suele ocurrir con los políticos, incluso con aquellos que más ilusiones despiertan. Te hacen un bonito anuncio que despierta las esperanzas de que las cosas van a cambiar para mejor y cuando menos te lo esperas, ¡zas!, llega el jarro de agua fría. Esto es lo que ha ocurrido con Trinidad Jiménez y la tan celebrada desde estas líneas reforma de la ley antitabaco, uno de los cambios legales más necesarios en el terreno de la salud que, al parecer, la ministra ha decidido posponer sine díe.
Sanidad ha dejado claro que la norma no estará lista finalmente durante el periodo de la presidencia española de la Unión Europea, pero ha asegurado que llegará al Congreso en la segunda mitad del año y que podría ser una realidad incluso en este mismo 2010. No nos queda otra opción que confiar en que así sea, aunque no hay duda de que este retraso sobre lo previsto añade una incertidumbre innecesaria en un proceso legislativo trufado de obstáculos, incertidumbre que puede ser interpretado como debilidad por parte de todos los que están en contra de la norma, que son los mismos que ponen las consideraciones económicas por encima de la salud pública.
Por cierto que puede tener su lógica que las tabaqueras y los hosteleros rechacen frontalmente la reforma de la ley, ya que en el primer caso es el objeto de su negocio y en el segundo se trata al fin y al cabo de jugar con la salud, no ya de los propietarios de los negocios, sino de sus empleados. Lo que se entiende menos es que personas con responsabilidad de Gobierno, como la ‘lideresa’ del PP y presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se unan al bando de los que ponen la salud en un segundo plano. En otro de sus pronunciamientos, acaba de decir a quien quiera escucharla que la ley “no debería llamarse antitabaco sino anti-fumadores, porque si fuese contra el tabaco habría que impedir su cultivo, las subvenciones al mismo y su venta en los estancos, y el Gobierno no se llevaría pingües beneficios de los impuestos”. Completamente de acuerdo en el asunto de las subvenciones, si bien hay que tener en cuenta que la recaudación impositiva viene a compensar los ingentes gastos sanitarios que provoca esta adicción en la población. Aunque parece un tema recurrente, hay temas, como la salud pública, que deberían estar al margen de la lucha política. No sé por qué acabar con una lacra que mata directamente a 50.000 adictos cada año y a miles de personas que sufren las consecuencias del tabaquismo de otros tiene que ser un asunto de izquierdas o derechas. Es una cuestión de vida o muerte, de enfermedad o salud.
Es evidente que una norma como la que elabora el Gobierno tiene implicaciones directas en sectores productivos, y también que desde un punto de vista económico y electoral igual no es el momento más adecuado para ponerla en marcha, cuando el final de la crisis aún no está tan cerca como desearíamos. Pero estamos hablando de salud, no lo olvidemos.
