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Madrid
El próximo 3 de marzo finaliza el plazo para presentar las enmiendas a la directiva europea contra la falsificación de fármacos. Los esfuerzos se centran en tres ámbitos: elevar las actividades de falsificación de medicamentos al rango de sanciones criminales; incluir no sólo medicamentos y principios activos, sino también excipientes y rellenar el que es hasta ahora el mayor hueco de la directiva, Internet.
Se trata de uno de los puntos más complicados de la directiva. La Red es un punto de entrada importante de falsificaciones y la dificultad de controlarlo necesita hacer de la educación y la concienciación ciudadana un elemento clave para frenarlo. “Es un problema difícil de abordar —reconoció Marisa Matías, responsable de la propuesta de Directiva en el Parlamento Europeo—, pero que no puede ser ignorado”.
La fábrica de Lilly España recibió la semana pasada la visita de dos de los principales responsables de esta iniciativa. Matías fue una de ellas. El otro fue Hugh Pullen, presidente del grupo de trabajo de Efpia. El objetivo de la cita era doble. Por un lado, conocer las medidas de seguridad implementadas por la industria farmacéutica para garantizar la integridad de los medicamentos en la cadena de distribución. Por otro, participar en una mesa redonda sobre las enmiendas a la directiva, en la que también estuvo presente la Alianza General de Pacientes.
Cartera farmacéutica
Internet es el más grave, pero no el único problema que plantea la directiva. Para empezar, falta lograr una definición unificada de qué es la falsificación de fármacos y qué actores intervienen en ella. Es un paso previo fundamental para actuar de una forma rápida y contundente ante el aumento que el mercado de las falsificaciones ha experimentado a lo largo de los dos últimos años
Además, la responsable de la directiva planteó endurecer las penas que recoge la legislación actual. Y es que, las prácticas son consideradas faltas administrativas, lo que supone un escollo añadido a la dificultad para identificar los productos y detener a los responsables. De ahí que proponga elevar al rango de delito contra la salud pública y que se endurezcan las medidas de inspección.
Otros puntos importantes para acabar con este mercado ya se incluyen en la propuesta de directiva. Uno de cuyos principales objetivos es alcanzar una cadena de suministro “más transparente y fiable”. Sin duda, la nueva estructura competencial de la Comisión será una baza a favor de esta meta. “La nueva base legislativa del Tratado de Lisboa y la nueva cartera farmacéutica de la Dirección General Sanco nos ofrecen nuevas oportunidades de intervención”, reconoció Matías.
