Sorpresa, decepción e indignación. Estas sensaciones ha dejado en la farmacia valenciana la publicación el pasado 1 de marzo, y sin previo aviso, de un decreto-ley de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica con el que su Generalitat pretende ahorrar 300 millones de euros y en cuyo contenido las boticas nos salen muy bien paradas. María Teresa Guardiola, presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Comunidad Valenciana, analiza en esta entrevista los efectos de la norma.
Pregunta. Otra vez la farmacia valenciana salta a la palestra.
Respuesta. Sí, nos hemos convertido en el pupas de la farmacia nacional. Volvemos a ser noticia y, nuevamente, por aspectos negativos. Este nuevo decreto-ley es lo peor que se ha hecho en Comunidad Valenciana en los últimos 16 años e incluso en el conjunto de la España de las autonomías.
P. No gusta ni por el fondo ni por las formas, ¿verdad?
R. Efectivamente. Días antes de que saliese a la luz yo misma había hablado con miembros de la Consejería de Sanidad y nada me dijeron al respecto. Hasta ahora siempre ha habido una línea de diálogo en aquellos temas que afectasen a la prestación farmacéutica pública. La publicación por sorpresa de este decreto-ley se carga de un plumazo todo el ordenamiento farmacéutico de la Comunidad Valenciana. Jamás podíamos pensar que se enmascaren dentro de un decreto-ley ciertas medidas que no son urgentes.
P. Esa reunión que se debería haber producido antes de su publicación se hizo a toro pasado, el 6 de marzo. ¿Qué explicación recibieron respecto a ese silencio?
R. Nos indicaron que se tramitó con carácter urgente debido a la alta cifra de ahorro que pretenden conseguir. Ese argumento podría ser válido si no fuese porque en su contenido se tocan otros aspectos que nada tienen que ver con el ahorro como los cambios en la concertación con las farmacias, a través de los cuales se quitan las competencias que históricamente tienen los colegios en este ámbito.
P. Tras la reunión, ¿queda la esperanza de una marcha atrás?
R. Les pedimos su reconsideración en dos puntos principales de su contenido: los capítulos referentes a la dispensación directa a crónicos en centros de salud y la concertación individual. Tengo la esperanza de que tomen consciencia de la gravedad que tienen estos temas para la farmacia valenciana. No voy a negar que la esperanza es pequeña, pero tengo que confiar.
P. La vía del decreto-ley limita vuestras actuaciones. ¿Debe intervenir el Ministerio de Sanidad?
R. Nosotros no podemos recurrir. Estamos indefensos. Pero sí vamos a pedir al Ministerio de Sanidad que recurra estos puntos que consideramos anticonstitucionales. En un primer análisis, incumple la Ley de Garantías y la Ley de Cohesión y Calidad, al invadir competencias estatales. Incluso atenta contra la igualdad de los ciudadanos que garantiza el artículo 14 de la Constitución.
P. ¿Cree que la Generalitat ha mostrado falta de sensibilidad al publicar esta norma cuando aún se mantienen los impagos?
R. Efectivamente, todo esto debe contextualizarse en un marco en el que aún están abiertas las negociaciones para que la Administración salde la deuda que mantiene con las farmacias. Hemos colaborado con la Generalitat facilitando el pago progresivo de esta deuda, hemos asumido unos intereses superiores a 20 millones de euros, hemos mantenido el compromiso con los pacientes, hemos colaborado en la implantación de la receta electrónica… ¿Así es como nos lo reconocen? Estamos indignados y muy disgustados con la actitud de la Generalitat con sus boticarios.
P. Respecto a la posibilidad de que otras entidades, no solo los colegios, negocien los conciertos, ¿qué explicación han recibido?
R. Absolutamente ninguna, ni sobre el porqué del cambio ni por qué se incluye dentro de un decreto-ley que se justifica en la necesidad de ahorro. Pero nosotros sí sabemos el motivo: desestabilizar la representatividad colegial.
P. ¿Creen que con la dispensación directa en centros de salud de determinados productos se conseguirá el ahorro anunciado?
R. Ellos hablan de un ahorro neto de 300 millones, pero me pregunto: ¿Cuánto va a costar esta red paralela de dispensación? ¿Cuánto personal se necesita para distribuir a domicilio los absorbentes y la puesta en marcha de los planes de revisión farmacoterapéutica? Nosotros les hemos asegurado que las farmacias valencianas están capacitadas para revisar todo el arsenal farmacoterapéutico de los crónicos en tres meses. Mientras esta dispensación ha sido asumida por las boticas, no ha costado un solo euro añadido. ¿No resulta más sencillo seguir concertando estos servicios con las farmacias?
P. Además, las directrices europeas otorgan a las boticas un papel principal en la atención a crónicos.
R. Por ejemplo, el seguimiento farmacoterapéutico ya se estaba realizando en las boticas valencianas a través del Programa de Atención Domiciliaria. ¿Para qué estamos entonces? Es un menosprecio al farmacéutico.
P. Aunque por el momento solo se plantea la dispensación directa de productos sanitarios, en el redactado de la norma se alude a “productos farmacéuticos”…
R. Ese artículo está redactado de forma muy ambigua. Esa alusión invita a pensar también en medicamentos. Imagino que si dan este paso tendrían que reglamentarlo en normas sucesivas.
P. Finalicemos con lo positivo. Este decreto impulsa las ayudas a farmacias VEC en la región.
R. Es la única nota positiva, y celebramos que muchos compañeros puedan acogerse por fin a ellas. Pero no olvidemos que estas ayudas vienen de lo que las farmacias detraen de su facturación.