La central de compras de tiras reactivas de glucosa ha despertado diversas reacciones entre profesionales y pacientes. Ángel Cabrera, presidente de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), considera que esta medida supondría un grave perjuicio para el cuidado de la salud de los pacientes.
Pregunta. ¿Cuál es la posición de FEDE ante la central de compras de tiras reactivas de glucosa?
Respuesta. Desde FEDE consideramos esta medida totalmente inapropiada. Esta decisión responde únicamente a un criterio económico y va a suponer que se reduzcan de forma drástica el número de medidores de glucemia en el mercado español para el control de la diabetes.
P. ¿Qué efecto tendrá la reducción de tiras reactivas?
R. Esto genera una situación de riesgo sanitario para el paciente y favorece el monopolio de una empresa con respecto a un producto de primera necesidad para las personas con esta patología.
P. ¿Cree que la Administración es consciente de la importancia de las tiras para los pacientes?
R. Cuesta creer que sean conscientes, pero desde las distintas asociaciones que representamos a más de cinco millones de diabéticos en España, así como desde las organizaciones médicas se lo hemos explicado a los responsables en materia sanitaria.
P. ¿Considera necesario implementar cambios en la gestión?
R. Era y es necesaria una gestión más eficiente: es absolutamente legítimo optimizar costes de adquisición, pero sin poner en riesgo la calidad de la atención sanitaria y sin comprometer los resultados en salud. Estamos convencidos de que existían otras vías para conseguir el ahorro necesario, y así se lo trasladamos a los responsables del Ministerio de Sanidad y del Ingesa.
P. ¿Tiene noticias de que algunas comunidades autónomas estén barajando salirse de la central de compras del Ingesa?
R. Parece ser que hay muchas comunidades autónomas que ya se han descolgado de la compra centralizada por entender que lesiona a los pacientes. Entre las que aparentemente apuestan por esta mal planteada compra centralizada se encuentran Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y La Rioja, la Región de Murcia y la Comunidad Valencia.
P. ¿Qué posición le ha manifestado el Ministerio ante los pliegos de la central de compras?
R. No solo no atendieron a nuestras peticiones y alternativas, sino que, además, se nos mintió cuando se nos comunicó que no haría nada sin tener en cuenta nuestra opinión. Los hechos confirman que esta promesa fue rota unilateralmente. Lo que parecía una buena idea por parte del Ministerio de encargar al Ingesa que escuchase nuestras opiniones, y así evitar la disparidad en el mercado, se ha quedado en todo lo contrario. Esa actitud ha sido una ofensa para los cinco millones de diabéticos que hay en nuestro país.
P. ¿Cree que se pone en peligro la salud de los pacientes?
R. Es el motivo por el que estamos en absoluto desacuerdo con esta situación. De hecho, conllevará un grave perjuicio para la calidad de vida del colectivo de pacientes crónicos más elevado de nuestro país.
P. ¿Qué otro efecto negativo podría conllevar esta medida?
R. Supondrá también una inobservancia absoluta y constante de las necesidades individuales de las personas con diabetes, una falta de libertad de elección del profesional médico, límites de acceso de entrada de innovación y trabas a la renovación de tecnologías fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Lo que más daño conllevaría sería el incremento del riesgo de la entrada en el mercado de compañías con insuficientes garantías de calidad de productos y escasa capacidad de suministro.
P. ¿Y qué ocurrirá a medio y largo plazo con los costes asociados a las complicaciones de la diabetes (amputaciones, en particular, y otras)?
R. Las consecuencias derivadas de esta patología empeorarán porque se limitará el acceso a los sistemas de medición de glucemia más apropiados. También planteará un escenario de cambio de glucómetro cada dos años. A medio largo plazo las cosas podrían ir a peor para los pacientes.
