El libro del presidente de los dentistas, Alfonso Villa Vigil, está haciendo estragos aunque solo sea por lo que puede leerse en el frontispicio del texto. Con Defendámonos de la crisis dice que la financiación pública de la Sanidad es un objetivo irrenunciable, y no sólo para aquellas atenciones inasequibles y a veces inaccesibles para la mayoría de las economías (tratamientos oncológicos, quirúrgico-protésicos, trasplantes), sino también para patologías banales en las personas con escasos recursos.
Hablamos de los 31.000 dentistas que hay en España, en la que no hay zonas sombra ni muchísimo menos. El dato indica que 1.500 se han ido al extranjero a trabajar esa delicada profesión. Pero en puridad lo que sí está demostrado es que hacen falta especialidades dentro del ramo como es el caso de la ortodoncia, odontopediatría, cirugía bucal y periodoncia.
Me sorprendió mucho la insistencia de Villa Vigil sobre la necesidad de que los odontólogos pasen a formar parte también del sector público en aquellas necesidades básicas de lo que podría ser un “odontoestomatólogo de atención primaria”. Son muchas cuestiones que nos hicieron profundizar con este autor de una economía profunda y también para andar por casa porque aunque no sea economista se trata de un gran pedagogo vocacional que no pierde ocasión de contarnos qué medidas políticas expansionistas anticíclicas hay que adoptar de manera estratégica para que se aporten soluciones rápidas para la recuperación económica que tanto necesitamos. Les recomiendo su lectura y, sobre todo la reflexión de lo que va más allá del traslado al plano escrito de la inteligencia adaptativa del primero de los odontólogos del Estado español.
Pero para los españoles en el ámbito terapéutico y sus equivalencias nos hemos topado que algunos caminos tortuosos nos llevan a la pérdida de la equidad, la racionalización de los recursos y la ruptura de algo fundamental en el acceso de la prestación farmacéutica de todos los ciudadanos que vivimos dependientes del SNS. La Sociedad Española de Oncología (SEOM) acaba de recordar matizando el artículo 89.1 de la Ley de Garantías que las comunidades no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos o productos sanitarios.
No voy a pasar por alto el que los farmacéuticos conozcan este aspecto que pone sobre la mesa una sociedad como la que representa a los oncólogos que se ha posicionado en este aspecto. Ya lo hicieron previamente la Facme y la OMC. Ahora la SEOM nos recuerda que la adopción de medidas para la sostenibilidad del Sistema Sanitario público debe llevarse a cabo con el consenso de las sociedades científicas. En SEOM creemos que debemos contribuir a optimizar los recursos disponibles actualmente para la atención sanitaria, pero sin que esto suponga quebrantar la libertad del médico a prescribir, ni conlleve imposiciones de terceros que, en la mayoría de los casos no son los responsables del cuidado directo del paciente, ni conocen la evidencia científica disponible con el mismo rigor que el oncólogo médico. Así es. Seguro.
