Además de las tradiciones corrientes entre el Estado y las comunidades y entre el sector y las administraciones, un tercer ángulo ha cobrado fuerza en los litigios adscritos al mundo farmacéutico: un paciente menos pasivo y más reaccionario ha comenzado a alzar su voz ante ciertas medidas que, en última instancia, restringen su acceso a los fármacos. “No podemos decir que se trate de una tendencia hipergeneralizada pero se empieza a avanzar”, dice Teresa Paz-Ares, socia de Uría Menéndez, para quien el papel cada vez más importante de las asociaciones de pacientes tiene mucho que ver. “Tenemos organizaciones más activas, se les está empezando a tener más en cuenta y seguramente seguirán por esa senda”, asegura.
A la hora de hablar de pacientes y litigios, el de las plataformas de pacientes vinculadas a la hepatitis C es el primer ejemplo que viene a la cabeza. Pero al margen de él, existe un goteo de casos individuales que incluso han dado lugar a sentencias “muy relevantes”, tal y como apunta Beatriz Cocina, también abogada de Uría Menéndez. La primera la dictó en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que falló a favor de un paciente afectado por una enfermedad rara que reclamaba el acceso al fármaco que su médico le había prescrito y que la Administración le negaba.
La importancia de esta sentencia, que tuvo un eco posterior en el País Vasco, no radica tanto en el hecho de que el tribunal priorizase el criterio médico sobre el económico, algo a lo que los jueces suelen ser sensibles, sino que lo vinculó con el derecho constitucional a la vida.
Junto a los pacientes, un nuevo actor protagonista llama a la puerta. Si bien aún no entran en lo que podría denominarse ‘corriente litigiosa’, Paz-Ares afirma que también los médicos, a través de sus asociaciones —en especial aquellas que abordan enfermedades como la hepatitis o el sida, de gran relevancia desde el punto de vista del gasto sanitario—, han empezado a cuestionar determinadas decisiones.
