El nombre de María de Mar Julios está asociado, hasta ahora, al único pacto, apellidado ‘de Estabilidad’, que se ha suscrito en el SNS. Fue en 2002, con Celia Villalobos como ministra de Sanidad. Hace años que está alejada de la política nacional, pero su preocupación por el sistema sanitario sigue intacta, tal y como explica a EG.
Pregunta. Usted fue la impulsora del Pacto de Estabilidad firmado durante la etapa de Celia Villalobos. ¿Cómo ve actualmente el Pacto de Estado por la Sanidad?
Respuesta. Creo que el actual Gobierno de la Nación no tiene en su hoja de ruta un Pacto de Estado por la Sanidad, y así lo está demostrando día a día. Su estrategia en esta legislatura la trazó, en el fondo y en las formas, el Real-Decreto-ley 16/2012, una norma que ha modificado el modelo sanitario de España sin consenso con los agentes sociales, sin consenso con las comunidades autónomas, sin consenso con los partidos políticos y, lo peor de todo, sin tan siquiera ser debatida profundamente en el Congreso de los Diputado. Actuando de esta forma no se crean las condiciones para trabajar por un pacto.
P. ¿Por qué, a su juicio, pudo alcanzarse entonces ese acuerdo y hoy no?
R. No hay voluntad política. Soy muy crítica, pues esta es una gran irresponsabilidad de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados que durante estos años se han alternado en las responsabilidades de Gobierno. Pero en la legislatura actual el Gobierno tiene otra estrategia, otro modelo de sistema sanitario distinto al Sistema Nacional de Salud, y que en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP este partido va dejando claro el modelo que defiende.
P. ¿Funcionaría hoy un pacto de características similares al Pacto de Estabilidad? ¿Qué cambiaría o bajo qué líneas debería redirigirse este debate?
R. El método debería ser el mismo. Es decir, poner en común las necesidades y los problemas de todos los agentes que intervienen en la cadena del medicamento y sus posibles alternativas, lógicamente bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial. Es evidente que la realidad económica y social existente en 2013 no es la misma que la existía en 2002, pero la sostenibilidad del SNS y la cohesión siguen siendo la prioridad.
P. Canarias reclama al Estado una deuda sanitaria de 2.000 millones de euros. ¿Es necesario volver a un sistema de financiación finalista para Sanidad?
R. Sí, sin duda. No tener una financiación finalista favorece la descohesión y la desigualdad en el acceso de los ciudadanos según el lugar donde vivan. En estos años se ha retrocedido en cohesión, en transparencia del sistema e incluso en la necesaria información homogénea tanto de indicadores de gestión como incluso de salud.
P. ¿Qué otras líneas defenderá Canarias en la revisión del sistema de financiación autonómica?
R. El Estado no puede seguir manteniendo a Canarias con una financiación tan desigual por habitante, con independencia de cualquier otra variable. En estos momentos hay diferencias que, según el territorio que comparemos, llegan a ser incluso de mil euros por habitante y año. Esto, desde Canarias, es muy difícil de entender y va más allá de un problema partidista, es un problema de cohesión social y territorial que debiera ser una prioridad para el Estado, tal y como recoge la Constitución.
P. Los mecanismos articulados por el Estado han permitido cobrar a los proveedores, pero las comunidades siguen teniendo que pagar esas cantidades al Gobierno central, más intereses. ¿Es viable este mecanismo de financiación?
R. No, no es ni eficaz ni eficiente. Al contrario, el pago de intereses y la incertidumbre no son un buen aliado para gestionar los recursos públicos, y mucho menos para generar confianza.
P. ¿Se normalizarán los pagos a las oficinas de farmacia este año?
R. Me consta que el Gobierno de Canarias está haciendo todos los esfuerzos para que así sea.
P. Los últimos presupuestos generales eliminaron partidas destinadas a la prevención. ¿Los ha financiado canarias? ¿En detrimento de qué partidas?
R. Sí, incomprensiblemente y en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales que promueven el compromiso de los gobiernos para que no se justifiquen en esta crisis para disminuir los programas preventivos o dirigidos a personas con dificultades, (drogodependencia, VIH…) el Ministerio de Sanidad ha disminuido e incluso eliminado de los presupuestos estos programas. En Canarias se mantienen pues son imprescindibles para la salud pública a costa de las partidas de infraestructuras sanitarias. El Plan de Infraestructuras Sanitarias se ha quedado en lo imprescindible.
La situación socio-económica que existía en 1997 es muy distinta a la actual. Desde este punto de vista, “es de sentido común”, dice María del Mar Julios, revisar los criterios de planificación para autorizar oficinas de farmacia. Ese es el objetivo de la iniciativa que CC y PSOE han presentado en el Parlamento canario.
“Si queremos que, en lo esencial, el modelo de prestación farmacéutica sobreviva a esta crisis, los criterios han de ser revisados, adaptados a la realidad actual”, dice esta diputada, que llama a tocar “todos los criterios”: módulos de población, distancias entre farmacias, densidad demográfica, características geográficas, dispersión de la población…
Asimismo, el proceso debería compaginar, a su juicio varios aspectos: garantizar la equidad en la prestación farmacéutica; salvaguardar el uso más adecuado de los recursos públicos; no contribuir a acelerar el actual proceso de pérdida de ingresos que puede hacer insostenibles las farmacias y permitir que los nuevos titulados puedan mantener expectativas de concursar a nuevas oficinas y sin que esto genere un mayor coste para los presupuestos públicos. Bajo ese punto de vista debería enfocarse también el concurso de oficinas pendiente desde el año 2007. “Entendemos que las vacantes deben ser ofertadas pero las adjudicaciones deben planificarse y limitarse en función de la viabilidad y las posibilidades presupuestarias”, manifiesta.
“Creo que el actual Gobierno de la Nación no tiene en su hoja de ruta un Pacto de Estado por la Sanidad”
“No disponer de una financiación finalista en sanidad favorece la descohesión y la desigualdad en el acceso”






































