A lo largo de los últimos días los precios notificados han generado grandes dudas entre los agentes del sector. Unas dudas que vienen dadas por la falta de información existente, a pesar de que su regulación lleva aprobada desde el pasado mes de abril (con el RDL 16/2012) y por la aparición de al menos 25 precios notificados.
Lo primero que creemos que hay que dejar muy claro, tal y como también explican desde Farmaindustria, es que los precios notificados son legales y, además, son los únicos que realmente funcionarán en adelante. No se trata de ninguna disfunción. Es más, de haberla, sería lo que ha ocurrido hasta ahora, que la Administración interviene el precio en su venta entre privados y no solo el de adquisición por el sistema público.
Por su parte, el precio financiado, que será tratado de forma discreta y que el Ministerio de Sanidad no publicará en su web, no tendrá más valor que el de homogeneizar el coste de adquisición de los medicamentos en el SNS. De este modo, al igual que ocurre actualmente en el ámbito hospitalario, el precio conocido del medicamento no coincidirá en muchísimos casos con el precio de adquisición. Así, el SNS se beneficia de su gran capacidad de compra en la obtención de importantes descuentos.
La puesta en marcha de los precios notificados permitirá a las compañías olvidarse de los efectos internacionales que una revisión de precio en España podría tener sobre el precio en otros países. Este hecho podría acelerar la aceptación de un precio inferior por parte de una compañía, lo que sin duda, beneficiaría al SNS, por un lado, y a la compañía y los pacientes, por otro. Del mismo modo, se limitarán las exportaciones paralelas, tanto legales o ilegales al partir de farmacias, que pudieran producirse, al no existir diferenciales de precio con Europa.
Por otro lado, sería útil utilizar este sistema para corregir algunas ineficiencias. Por ejemplo, a partir de ahora se podría aplicar una reducción del 7,5 por ciento en los precios de financiación, dejando como notificados los precios actuales y derogar esa norma que obliga a gestiones permanentes y que no generan ningún tipo de valor. Este cambio, por tanto, puede ser una oportunidad de modernización del sistema. Solo queda por resolver las sombras por sus dudas de aplicación.
