A mediados de junio, antes de asistir a la toma de posesión de su secretaria general como presidenta regional, Mariano Rajoy afirmó que el gobierno de María Dolores de Cospedal sería “un avance” de lo que haría el PP si ganaba las elecciones generales. De ser así, tendrán razón los agoreros que vaticinan protestas al todavía no estrenado Gobierno de la Nación. En Castilla-La Mancha, sindicatos y partidos de la oposición trabajan a marchas forzadas en busca de un frente unitario para afrontar la segunda parte de un ajuste que, pese a denominarse Plan de Garantía de los Servicios Públicos, centra la mayor parte de los ahorros en Sanidad y Educación.
La senda de los ajustes inaugurada en Cataluña por Artur Mas dos días después del 20-N no ha tardado en llegar a otras comunidades autónomas y con el mismo detonante: insuficientes ingresos y déficit muy elevado, que en Castilla-La Mancha se agrava además ante la necesidad de tener que prorrogar para 2012 los ya insuficientes presupuestos de este año. Así, la segunda parte del plan de ajuste de Cospedal suma 350 millones de euros al ahorro de los 1.815 anunciados a finales del mes de agosto. En total, 2.165 millones, de los cuales el 59,7 por ciento corresponden a las principales partidas públicas, Sanidad y Educación, pero sobre todo a la consejería que dirige José Ignacio Echániz: el ahorro estimado se sitúa en un total de 834 millones, lo que supone el 38,5 por ciento de los previstos en el plan.
Ensayo regional
De ser un ensayo de todas o algunas de las políticas que el PP puede poner en marcha a nivel nacional una vez tenga a mano el detalle de las cuentas públicas, el plan de Castilla-La Mancha ofrece criterios muy claros. El primero tiene que ver con la gestión de los hospitales. La presidenta castellano-manchega alabó el modelo madrileño al anunciar una de las medidas más polémicas: la puesta en marcha de mecanismos de colaboración público-privada en la gestión de cuatro hospitales: los de Almansa, Manzanares, Villarrobledo y Tomelloso.
Dicho criterio también alcanza a los proyectos de infraestructuras en desarrollo. Es decir, los tres hospitales que dejó en previsión el anterior ejecutivo regional: el de Cuenca, el hospital de Toledo y la ampliación del de Guadalajara. La administración manchega asegura que esta iniciativa permitirá ahorrar 37,4 millones de euros anuales sin tener que recurrir a fórmulas de copago y sin que cambie para nada la atención del usuario.
El segundo gran criterio ya lo anunció Mas en Cataluña: los funcionarios vuelven a acumular medidas de recorte, con una bajada de sueldo de un tres por ciento (cien millones más de ahorro); eliminará las convocatorias de empleo público; suprimirá puestos de interino y personal eventual, así como altos cargos y retribuciones extraordinarias.
Los centros de Atención Primaria y Especializada generarán más ahorros: 32,3 millones mediante el ajuste de los descansos tras las guardias en sábados y días festivos, y 72,1 mediante la flexibilización de la apertura de camas y quirófanos. Acabar con la “demanda inapropiada” podría ser otro objetivo del gobierno de Rajoy. En Castilla-La Mancha, pretende ahorrar 11,9 millones en la demanda socio-sanitaria.
En política farmacéutica, el ahorro rondará los 51 millones. En este ámbito, además de defender la puesta en marcha de centrales de compras y rediseños de redes logísticas, la presidenta regional anunció herramientas para mejorar la calidad y la eficiencia de la prescripción farmacéutica, especialmente en los fármacos de uso específico y alto coste.
Del total de ahorro del plan de Cospedal, 2.165 millones, el 38,5 por ciento (834 millones) se concentran en Sanidad
La presidenta manchega anunció herramientas para mejorar la prescripción en fármacos de uso específico y alto coste
El recorte del diez por ciento del complemento específico de los funcionarios de Castilla-La Mancha, que supone una rebaja salarial del tres por ciento para los trabajadores públicos de la región, no afectará a los profesionales del Sescam.
Pero la excepción que ha contemplado el gobierno regional no compensa el impacto de otras medidas que los representantes sindicales de los médicos de la región conocieron de primeras a través de los medios de comunicación, aunque el día 5 de diciembre el director gerente y la directora de Recursos humanos del Sescam, Luis Carretero y Mª Esther Fernández González, se reunieron con responsables del sindicato para explicarlas con detalle. Eso sí, Fernández González ya había comunicado a los profesionales a través de un correo electrónico que el recorte del tres por ciento no se aplicaría en sus nóminas.
El malestar del sindicato castellano-manchego es mayúsculo y tiene su origen tanto en las “pérdidas retributivas y de derechos laborales adquiridos” por los facultativos, como en la “absoluta falta de negociación” del gobierno autonómico con su formación. “La administración nos ha convocado solo para notificarnos sus decisiones”, aseguran en un comunicado, en el que hacen constar que en lo sucesivo no se reunirán “simplemente para ser informados” sobre las medidas que se vayan a tomar: “solo acudiremos en el caso de que esté abierta la negociación”, denuncian. Y lo que es más, hasta la fecha no han sido convocados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sino por responsables del Sescam.