¿Por qué envía Farmaindustria de forma tan aséptica los datos sobre la deuda?
¿Ha apostado la patronal por respuestas de perfil bajo a los ataques que sufre el sector?
¿Además de Cataluña y Madrid, hay otra comunidad que exija a los laboratorios conocer las notas de prensa que envíen con carácter previo a su difusión?
¿Consentirá la industria tal aberración?
¿Qué empresa que empieza por “M” hará un estudio sobre las menciones que recibe la industria en las redes sociales?
A María Jesús Montero, la consejera de las subastas fallidas y de los subasteros ficticios, no le ha hecho gracia que el Gobierno le haya tumbado su invento con la ayuda del Tribunal Constitucional. Aplicando eso de quien la hace la paga, Montero lleva meses pergeñando una respuesta contundente para dar con ella en las narices a Ana Mato, Pilar Farjas y, sobre todo, a la revoltosa industria farmacéutica. Como buena progre de salón con coche oficial y cohorte de aduladores disfrazados de asesores y altos cargos, prefiere airear a los cuatro vientos sus cuitas con los laboratorios, dechados de riqueza para el gran público, antes que dar su brazo a torcer y aplaudir cualquier incremento del copago en algunos de sus tramos, como se acordó en el último pleno del Consejo Interterritorial. Lo primero da votos y es comunismo. Lo segundo, no, y no es más que un eufemismo. La consejera ha activado por eso el plan B de los temidos jumbos, el fantasma de todos los fantasmas, la bicha que espanta al sector y a las inversiones que lleva aparejadas. Justo lo que necesita Andalucía, abrasada por el desempleo y por el escándalo de los ERE y las dádivas a los sindicatos, donde las empresas de todo tipo están hartas de un intervencionismo bananero, casposo, trasnochado y clientelista por la administración.
La gravedad de la medida que planea sobre las farmacéuticas es tal que Farmaindustria ha puesto en marcha, con discreción, una iniciativa inédita en su reciente y pasada historia. En concreto, ha requerido a las empresas que le informen del número de delegados que tienen en Andalucía. Para evaluar el impacto que puede tener la política del Servicio Andaluz de Salud sobre el empleo, la patronal solicitó a finales del pasado mes datos sobre los visitadores de Atención Primaria, para medicamentos de dispensación en oficina de farmacia, y en atención hospitalaria. También demandó el porcentaje que representan dichos trabajadores en el total de España. El cuestionario, que tenía que estar listo el pasado día 22 de marzo, es posiblemente la última herramienta para detener el desatino y evitar de paso que una nueva horda de delegados se sume a la tromba de parados que puebla las oficinas de empleo andaluzas. Y en el ministerio, ¿qué hacen? En apariencia, la implantación de los jumbos debería hacer saltar todas las alarmas. Una cosa es reducir el déficit e imponer medidas draconianas a los laboratorios, y otra ir por libre y pasarse tres pueblos, como hace Andalucía. En vez de reducir la abultada burocracia que adorna la sanidad andaluza, Montero opta por la vía fácil de la industria, y eso debe ser detenido. Sin embargo, no se observan movimientos en el ministerio. Hay quien dice que la iniciativa andaluza se ve incluso con buenos ojos porque Montero será la mala de la película que abra el camino. Veremos qué ocurre.
