La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que Andalucía no aplicará el copago en farmacia hospitalaria a partir del 1 de octubre. Del mismo modo, interpondrá un recurso de alzada en lo próximos días contra la Resolución del 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que se publicó el pasado jueves, 19 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su homólogo vasco, Jon Darpón, también ha anunciado que se ha puesto en contacto telefónico con la ministra de Sanidad para solicitarle que reconsidere la aplicación del copago de farmacia hospitalaria ambulatoria y anunciarle que, en caso contrario, el Gobierno Vasco recurrirá la medida.
Según fuentes de la Junta de Andalucía, la consejera ya ha exigido la retirada de esta medida y ha dado las instrucciones para que se formalice esta posición en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que se celebrará, precisamente, el próximo 1 de octubre. El recurso de alzada está motivado, principalmente, por los perjuicios que este nuevo copago supondrá para la salud de los pacientes y podría tener graves perjuicios para la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al nuevo copago implantado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Asimismo, desde la Junta aducen que la “improvisación” del Gobierno central hace “inviable” la implantación de este nuevo sistema de copago a 1 de octubre dada la complejidad del proceso burocrático y administrativo que tendría que desarrollar el sistema sanitario público andaluz. Para ponerlo en marcha, con el menor perjuicio a la ciudadanía, la Administración sanitaria andaluza tendría que cambiar el funcionamiento de todo el sistema de información de farmacia hospitalaria para enlazarlo con el sistema de Receta XXI y con el de facturación.
El consejero vasco, por su parte, asegura que se trata de “una medida no justificable e injusta ya que penaliza indiscriminadamente a las personas con enfermedades crónicas graves”. En este sentido, ha recordado que son numerosas las comunidades autónomas “de prácticamente todo el espectro político” que se han manifestado públicamente en contra de su aplicación. De no retirarse, el País Vasco hará uso del plazo previsto en la resolución -30 días desde la publicación- para proceder a presentar su recurso de alzada ante la Secretaria de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitando la suspensión. En el caso de que el recurso fuera desestimado, Jon Darpon ha adelantado su intención de “acudir al contencioso, solicitando la suspensión de aplicación”.
Antes de conocer la decisión del Gobierno vasco, la ministra de Sanidad, Ana Mato, lamentó en los pasillos del Congreso de los Diputados la decisión de la Junta de Andalucía de no aplicar el copago en farmacia sanitaria e interponer un recurso de alzada contra la resolución ministerial y recordó que la región tiene “bastantes deudas” en Sanidad, lo que “pone en riesgo el futuro de la misma”. Mato ha pedido a la Administración autonómica un “esfuerzo” para “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
