Varios de los principales sindicatos farmacéuticos de Francia —que en el país galo representan a los titulares de boticas, como en España hacen las patronales— han convocado diversas movilizaciones de protesta a lo largo de este mes de enero para denunciar la delicada situación económica que atraviesan sus farmacias. En concreto, la Unión de Sindicatos Farmacéuticos de Francia (USPO) y la Unión de Agrupaciones de Farmacéuticos de Oficina de Farmacia (Udgpo) han anunciado una huelga en el servicio de guardias del 23 al 29 de enero, a las que se añadirá el próximo 26 de enero manifestaciones por todo el país ante las sedes de las Agencias Regionales de Salud. Asimismo, se anima a los titulares a ‘ocultar’ ese día sus escaparates con papel u otro elemento.
Bajo el lema “Los farmacéuticos deseamos una farmacia de proximidad”, el objetivo de este plan de acción de la farmacia francesa es denunciar la caída de su rentabilidad (los cálculos aluden a un descenso cercano al 4 por ciento del margen neto desde 2015), así como los perjuicios de otras medidas que maneja la Administración como es la nueva rebaja del precio de medicamentos genéricos (que dicen supondrá pérdidas en torno a 152 millones de euros para la red de boticas). El momento escogido para las movilizaciones no es casual y tiene como telón de fondo el próximo 22 de febrero, fecha en la que comenzarán las negociaciones del nuevo convenio nacional de prestaciones farmacéuticas con la Seguridad Social gala y las mutualidades públicas. Unas negociaciones que también pondrán sobre la mesa el sistema de remuneración con el que trabajarán las boticas galas los próximos años. “El 26 de enero demostraremos que la profesión está unida para lograr una verdadera reforma”, ha manifestado Guilles Bonnefont, presidente de la Unión de Sindicatos Farmacéuticos de Francia.
De forma previa a que comiencen las negociaciones este 22 de febrero, el Ministerio de Sanidad debe dar a conocer sus ”orientaciones” a la Consejo Nacional de Seguridad Social (UNCAM, por sus siglas en francés) cara al futuro convenio. En una reciente entrevista concedida al medio galo Le Quotidien du Pharmacien, la ministra de Salud, Marisol Touraine, ya adelantó —sin concretar— que se ofrecería “un complemento financiero plurianual” y abogó porque la retribución de las farmacias “esté más relacionada con sus objetivos de salud pública”. Mientras, desde los sindicatos farmacéuticos nacionales ya se han manifestado algunas de sus sugerencias, que pasarían por revisar su actual modelo de remuneración mixto (margen más fijo por dispensación). En concreto, incrementar de los actuales 1,2 euros a 2 euros el ‘fijo’ que se recibe por cada envase dispensado, sin suprimir el margen comercial. Asimismo, también piden que se introduzcan otras remuneraciones adicionales ante dispensaciones complejas, preparación de dosis personalizadas, seguimiento, etc. Mientras, otra de las principales entidades profesionales, la Federación de Sindicatos Farmacéuticos, ha rechazado por el momento sumarse a esta convocatoria de movilizaciones hasta conocer las propuestas del Ministerio para el nuevo convenio.
La delicada situación económica que vive la farmacia francesa no es nueva. Hace apenas seis meses, las principales entidades de la profesión — como la Ordre National du Pharmaciens, equivalente al Consejo General, los sindicatos USPO y FPS, colectivos de adjuntos y corporaciones de la farmacia rural— elaboraron un ‘Manifiesto por la farmacia francesa’ que fue enviado a la ministra de Sanidad en el que ya alertaban de la “catastrófica situación económica” que sufrían por entonces sus boticas. Dicha situación está mermando el mapa farmacéutico galo, con un cierre de farmacia cada dos días en 2016 y que se suma al descenso del 0,9 por ciento del mapa en 2015, cuando ‘perdió’ 181 oficinas a causa de la crisis económica. Un año antes (2014) ya había otros 123 cierres de boticas y más de medio millar en su ejercicio precedente
Incluso, cabe recordar que no será este mes de enero la primera vez que la farmacia francesa salga a las calles para defender su futuro. Ya en diciembre de 2014, un 90 por ciento de las cerca de 21.000 farmacias nacionales secundaron una jornada de cierres convocada por sus principales asociaciones profesionales como protesta contra las intenciones liberalizadoras de su Gobierno. Semanas después de este éxito de convocatoria, la Administración daba marcha atrás en una reforma de su Ley de Crecimiento y Poder Adquisitivo que planteaba, en lo que respecta a Farmacia, la entrada de capital no profesional en la propiedad de boticas (hasta un máximo del 49 por ciento), la salida de más medicamentos OTC fuera del canal farmacia y la eliminación de los criterios de ordenación y planificación, permitiendo la libre instalación de boticas.
