Antes de julio, el Consejo de Ministros aprobará el real decreto a través del cual se creará la Agencia Estatal de Investigación, que debería haber iniciado su actividad en el año 2012. Así lo aseguró el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante una interpelación en el Senado sobre los criterios que orientan la política del Gobierno en materia de investigación y las previsiones de creación de la Agencia, que supondrá la integración de todos los instrumentos de financiación de la investigación científica para dotar de mayor estabilidad a las convocatorias, mejorar la asignación de recursos y reducir la burocracia.
“Es el momento de volver a centrarnos en la política de I+D+i”, señaló De Guindos, tras aludir a las necesidades urgentes (evitar el rescate bancario) a las que, según él, tuvo que hacer frente el gobierno que preside Mariano Rajoy desde 2012. En línea con la creación de la agencia, el ministro también anunció la aprobación del contrato de gestión del Centro Superior de Investigaciones Científicas. El CSIC es una agencia, pero nunca ha dispuesto de un contrato de gestión, es decir, nunca ha contado con un plan estratégico. El principal objetivo, según De Guindos, es conferir al Centro un marco de gestión que combine flexibilidad y eficiencia. Para ello se incluirán más de 50 compromisos de gestión, sobre los que los órganos de dirección tendrán que ir dando cuenta de su cumplimiento, aparte del compromiso de generar ingresos adicionales, que deben alcanzar al menos el 30 por ciento del presupuesto.
Juntos, la agencia y el CSIC se convertirán en los dos instrumentos financiadores de la política de ciencia y tecnología. El objetivo, para el Ministerio de Economía, es claro: frente al acento que la oposición continúa haciendo en las necesidades de financiación desde el sector público, el Gobierno insiste en que la necesidad está en aumentar la inversión privada.
Desde este punto de vista, la Agencia y el CSIC tendrían la misión de “complementar” la financiación privada. “Yo le doy más importancia al sector privado”, señaló De Guindos. “Si dejamos la investigación básica en manos del sector privado, nunca tendremos los niveles adecuados, tendremos niveles claramente por debajo de los que necesita una sociedad moderna. Por eso, hay que invertir ahí (…) Porque si somos capaces desde la investigación básica de tener éxito en los mercados internacionales, la política de I+D+i habrá aportado a la competitividad y al crecimiento a medio y largo plazo, así como al cambio de modelo de la economía española”, dijo.
El perfil más bajo
Por su parte, José Montilla, portavoz del Grupo de Entesa Pel Progrés de Catalunya en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado, reprochó al ministro que “nunca los temas relacionados con la ciencia y la tecnología habían tenido un perfil tan bajo en el Gobierno”. En este sentido, criticó la información contenida en la actualización del Programa de Estabilidad y del Programa Nacional de Reformas que España envió a la Comisión Europea.
En este documento, el Gobierno no solo reconoció el abandono del objetivo del 3 por ciento del PIB en inversión para I+D+i sino que añadía que el porcentaje actual (1,24 por ciento del PIB) está “aún lejos del objetivo europeo del 2 por ciento” revisado en 2013. Más allá, las reformas y las medidas previstas se refieren al mercado de trabajo, al fomento del crecimiento y la competitividad, al funcionamiento del crédito y a la eficiencia de la administración pública. “En todos esos aspectos cabría hablar de política de ciencia, investigación, desarrollo e innovación y, sin embargo, no hay referencia alguna. Cuando hablan de mejorar la competitividad de la economía o del empleo, sorprendentemente no se refieren en absoluto a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Únicamente les seducen las políticas relacionadas con la consolidación fiscal”, dijo Montilla.
