La segunda fase de la ‘Operación Noisa’ que investiga una trama de exportación ilegal de medicamentos, llevada a cabo por la Guardia Civil, se saldó con la detención de 38 personas en La Coruña, Lugo, Barcelona, Valencia y Madrid, doce de ellas farmacéuticos titulares y empleados de oficinas de farmacia ubicadas en estas provincias, y sirvió de preámbulo a la llegada de este asunto, la distribución inversa, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así, el punto ocho del orden del día de la reunión mantenida por los máximos responsables de Sanidad autonómicos y los representantes del ministerio, con el ministro Alfonso Alonso a la cabeza, abordó el informe global de distribución inversa elaborado el 21 de noviembre por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
A este respecto, los consejeros de Sanidad mostraron durante la reunión su preocupación por el asunto y fueron unánimes al señalar que “hay que ser muy exigentes, muy contundentes y muy duros”. ¿Cómo se traduciría esta exigencia, contundencia y dureza? “El procedimiento sancionador ha de ser muy exigente, y hemos hablado de la posibilidad de retirar licencias. No obstante, es la Aemps quien está trabajando a fondo con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, indicaron los consejeros autonómicos.
Debilidades del sistema
A pesar de que el informe elaborado por la Aemps destaca la adopción desde 2008 de distintas actuaciones para reforzar el canal legal del medicamento, como las Estrategias frente a Medicamentos Falsificados 2008-2011, complementadas con una nueva estrategia, 2012-2015, tras la aprobación de la Directiva 2011/62/UE, que establece un código comunitario sobre medicamentos en lo relativo a la prevención de entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, la agencia que dirige Belén Crespo encuentra algunos puntos vulnerables que aconseja reforzar.
En este sentido, el informe analizado por el Consejo Interterritorial considera clave reforzar el control del transporte de medicamentos que, tal y como precisa, es subcontratado en muchas ocasiones. Sobre este particular, la Aemps resalta que la responsabilidad de que el pedido llegue correctamente al cliente es del distribuidor. “El transporte se ha revelado en los últimos tiempos como una fase de la distribución muy vulnerable en la que se detectan robos y desvíos de medicamentos hacia los canales ilegales”, destaca el informe.
Asimismo, la Aemps considera necesario profundizar y hacer “más eficaces” las medidas que desarrollan las administraciones públicas para luchar contra la distribución inversa. En este punto, incide en un aspecto: la cuantía de las sanciones. “Aunque en la Ley 29/2006 se hayan incrementado [las sanciones], parece que son de difícil aplicación si en una comunidad autónoma se han regulado sanciones menores”, indica.
Por otro lado, el informe también precisa que cuando en una farmacia se da una discrepancia entre el número de recetas dispensadas al SNS y las recetas privadas respecto al total de unidades distribuidas, estas alegan que no disponen de las recetas correspondientes, lo que constituye una infracción leve. “Es difícil con los datos que se consiguen en las inspecciones sancionarles por la falta correspondiente a la realización de la actividad ilegal de distribución”, refleja.
Incluso, tal y como señala el informe, “el cierre de las farmacias implicadas resulta complicado mediante procedimientos administrativos, recurriendo en ocasiones los farmacéuticos titulares a la venta de la farmacia para evitar esta sanción”. Eso sí, tal y como indican, la intención es que en la modificación del Código Penal se incluyan penas de prisión para estas actividades de distribución ilegal.
