Desde el momento en que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) iniciaron los trabajos para elaborar los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) ha habido dos cuestiones que han preocupado a la industria farmacéutica. Por un lado, la necesidad de que los IPT fueran estudios meramente sanitarios, sin contaminación económica y, por otro, que no se convirtieran en una barrera adicional al acceso a los medicamentos dilatando aún más el tiempo hasta que los fármacos pueden ser utilizados por los pacientes.
Tenemos poca experiencia de IPT de la metodología actual, pero de momento hay dos cuestiones claras. Es cierto que no se están incorporando datos económicos, aunque su realización se ha alargado mucho más de lo establecido al inicio. Tanto es así que el Grupo de Coordinación del Posicionamiento Terapéutico (GCPT) ampliará el plazo que se da a sí mismo para elaborar los IPT.
No obstante, el retraso en la realización de los informes no es nada comparado con la evidencia de que los IPT no cumplirán finalmente con ninguno de los dos objetivos con los que se crearon, o al menos los que se trasladaron públicamente. Estos eran, por un lado acelerar la llegada de la innovación a los pacientes y, por otro, impedir las revaluaciones autonómicas, ahorrando recursos.
Pues bien, el pasado martes 17 de junio, la Aemps publicó en su página web el IPT de Perjeta (pertuzumab), tras haber pasado por la Comisión de Precios y haber alcanzado un acuerdo de techo de gasto para su uso. No obstante, un día antes, la dirección general de Farmacia valenciana publicó una nota que indicaba que se había declarado Medicamento de Alto Impacto Social y/o Económico (Maise) a Perjeta y a Adcetris (brentuximab), y que estaba trabajando en la resoluciones que “establecerán las condiciones de uso (…) necesarias para garantizar el uso racional” de estos productos. Y yo me pregunto, ¿pero no es ese uso racional el que viene a dar el IPT? ¿No era ese otro de sus objetivos?
Ante esta situación y estas afirmaciones de la consejería valenciana, lo único que tengo claro es que el IPT, lejos de acelerar el proceso de autorización de un medicamento, lo ha retrasado (Perjeta fue autorizado por la Comisión Europea en marzo de 2013. Han pasado 15 meses desde que este producto está disponible en Alemania, por ejemplo, y aquí aún no sabemos cuándo lo podrán utilizar las pacientes (valencianas al menos) a pesar de tener precio, reembolso e IPT. Será cuándo y cómo se diga en esa resolución, no como se indica en el IPT, y eso que al menos cinco expertos de hospitales de la Comunidad Valenciana, además de la propia consejería de Sanidad, han participado en su elaboración.
Desde la Comunidad Valenciana se indica que “a día de hoy no se ha vuelto a evaluar” el medicamento, pero que el IPT está en una segunda fase para que en el marco de la Comisión de Farmacia, sea posible “conocer el impacto presupuestario”. No lo entiendo. No sé cuál puede ser el motivo de tener que realizar un análisis de impacto presupuestario, como dice la consejería valenciana, cuando hay firmado un ‘cap’ que permite saber al euro el impacto máximo.
A la vista de todo ya sé para qué no sirven los IPT, ahora habrá que saber para qué valen y, del mismo modo, para qué sirve firmar un acuerdo de techo máximo.
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