Desde hace un tiempo, cada vez que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge una resolución en materia farmacéutica, el sector, las sociedades científicas y algunas asociaciones de pacientes se llevan las manos a la cabeza. Las decisiones unilaterales en detrimento del consenso son las raíces de los problemas a los que se enfrenta el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La nueva suspensión cautelar que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía ha dictado para las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) motivada, al igual que en la primera ocasión, por el aluvión de recursos presentados, es prueba de la divergencia existente entre la Junta de Andalucía y el sector.
Las ATEs tienen en su contra no solo a la industria y sociedades científicas, sino que además el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y diversas asociaciones de pacientes han mostrado su rechazo e, incluso, ha actuado por la vía jurídica. La diatriba radica en primar criterios economicistas sobre sanitarios y limitar el arsenal terapéutico a disposición del médico. En definitiva, condenar a los pacientes andaluces a no disponer del mismo acceso a la innovación que otros pacientes del resto del territorio nacional. El ahorro que esgrime la Junta de Andalucía para justificar esta selección de fármacos es de “ocho o diez millones de euros”, exigua cantidad cuando se analizan unos presupuestos sanitarios de algo más de ocho millones de andaluces e incomprensible cuando se trata de poner barreras a la innovación.
Presumiblemente, las ATEs sortearán la suspensión cautelar impuesta por el TARC porque el mismo tribunal le dio a la Junta un manual de instrucciones en forma de dictamen para que elaborara unos segundos pliegos acordes a la Ley de Contratos Públicos. Sin embargo, Farmaindustria, consciente del desenlace, ha elevado su queja al Tribunal Contencioso-Administrativo porque, según la patronal, el problema no son los pliegos si no la idea de que se puedan homogeneizar principios activos distintos con la única razón de que compartan una indicación. “La demanda se fundamenta en que la forma en la que están configurados los lotes de los pliegos es incorrecta, pues no se trata de medicamentos y principios activos equivalentes y, por lo tanto, intercambiables”, argumentan desde Farmaindustria.
Desde el hospital a la botica, la política del SAS no varía un ápice. Las subastas de medicamentos se erigen como pilar fundamental de ahorro en materia farmacéutica. Desde el primer concurso convocado por la consejería de Salud, dos días antes de las elecciones autonómicas, los recursos ante distintos entes judiciales se han sucedido a lo largo de sus dos años y medio de vida. La espada de Damocles la esgrime el Tribunal Constitucional, que tras suspender cautelarmente la medida y amnistiarla cinco meses después, tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
El recurso presentado por el Gobierno central es el único que ha prosperado y donde se acumulan las esperanzas del sector. La invasión de competencias es el argumento, si bien el redactado actual de la Ley de Garantías no era el mismo que cuando María Jesús Montero, ex consejera de Salud y actual titular de Hacienda, ideó el monopolio de principios activos. Sin embargo, el concepto de equidad sí podría verse perjudicado al no disponer el paciente andaluz de los mismos medicamentos financiados que el resto de pacientes.
Una de las polémicas que más han arrastrado estos concursos públicos han sido los desabastecimientos. Si más de un tercio de las presentaciones seleccionadas en las dos primeras convocatorias nunca llegaron a suministrarse por parte de los fabricantes (según datos de las principales cooperativas que operan en la comunidad autónoma), las distribuidoras tienen identificadas en la actualidad un total de 36 presentaciones de las que no hay rastro alguno en sus almacenes y, por ende, tampoco en las boticas.
A pesar de todo lo expuesto, nunca se ha observado desde la consejería de Salud ningún ademán de autocrítica. Los ahorros no son los esperados, “pero son ahorros”, las suspensiones de las normas “solo afecta a determinados criterios técnicos” y este tipo de políticas seguirán adelante porque “han demostrado su eficacia sin mermar la calidad”.
