El 29 de mayo el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, una cuestión que tuvo su entrada en el tribunal hace nueve años y que tenía como base ver la constitucionalidad del RDL 5/2000. A la vista de la sentencia, se me antoja simplemente avergonzarme de que tras de 14 años se venga a decir que el RDL 5/2000 es constitucional. ¿Qué hubiera supuesto si se hubiera declarado la inconstitucionalidad de la norma? ¿Qué y quiénes tendrían que poner dinero sobre la mesa para tamaño disparate?
Está bien que profesionales con arrojo planteen estas cuestiones, es necesario que así sea, pero que la justicia en este país funcione de esta manera da la medida de donde estamos. ¿Acaso no supone suficiente inseguridad jurídica el mero hecho de que el Tribunal Constitucional tarde 14 años en decir que aquella norma no vulnera principios constitucionales? Valorar la sentencia desde un punto de vista jurídico se me antoja una misión complicada en este espacio de periódico que me ofrecen, pero si tengo que decir que cuando las cuestiones sanitarias se arreglan desde ministerios económicos pagan los profesionales, pagan los pacientes y paga, desde luego, la prestación que todos y cada uno de nosotros esperamos recibir.
La peculiaridad, y en muchos casos discriminación, con la que siempre se ha visto la modificación de márgenes y las aportaciones de las farmacias para combatir el gasto farmacéutico público no es precisamente de tranquilidad para el sector. Con este RDL se abrió la puerta a un sistema perverso para establecer márgenes y precios a aquellos que siendo empresas privadas son de utilidad pública, esto es a las farmacias y con ellas todas las estructuras y empresas que giran en el entorno del medicamento. El sector sabe que es lo que hay y nada más. Se está en manos de la Administración y de quienes la dirigen en cada momento, por lo que o te sales del circuito (con lo que supone) o acatas las normas. ¿Las dilaciones en la administración de justicia? Una vergüenza.
