Las farmacias catalanas iniciarán acciones legales para exigir a la Generalitat los intereses de demora por el retraso en el pago de las facturas. También convocaron una manifestación unitaria el 21 de marzo en la Plaza Sant Jaume (Barcelona) y la recogida de firmas para pedir que se priorice el pago de los medicamentos dispensados “porque es un bien necesario y esencial de los ciudadanos”. Sin embargo, estas medidas no irán seguidas de un cierre patronal como el protagonizado el pasado 25 de octubre ni de la denuncia del concierto con el CatSalut.
Así resolvieron la semana pasada 2.649 titulares de farmacia catalanes (el 75 por ciento) la encrucijada planteada por los colegios de farmacéuticos tras el nuevo retraso en el pago por parte del CatSalut, que también la semana pasada abonó el 30 por ciento de la factura de enero (que se elevaba a 108 millones de euros) y espera la aprobación de un FLA especial para pagar las de noviembre y diciembre (94 y 99 millones, respectivamente). Una disyuntiva que dejó claro el malestar de los boticarios por el nuevo retraso en el pago, y también reflejó una cierta división entre el colectivo.
En este sentido, cabe destacar que las tres ‘medidas de fuerza’ acordadas recibieron un apoyo de más de los dos tercios del total de votos (exigir el pago de intereses, un 96,9 por ciento; la manifestación, un 72 por ciento; y la recogida de firmas, un 87,9 por ciento). Eso sí, acerca del asunto más controvertido, el cierre patronal, las posiciones a favor y en contra estuvieron más parejas, con una ligera ventaja de los favorables a echar el cierre: el 51,7 por ciento.
Una ‘división’ entre el colectivo de titulares de oficina de farmacia que también tuvo reflejo la votación sobre otra de las medidas sometidas a consulta: la denuncia del concierto con el CatSalut. Así, mientras que el 58,8 de los consultados desestimó esta medida, el 41,2 sí consideró necesario adoptar esta medida de protesta.
Sin embargo, pese a esta ‘fractura’, el presidente de los farmacéuticos catalanes, Jordi de Dalmases, hizo un llamamiento a la responsabilidad. “Los farmacéuticos catalanes con su voto no han considerado útil, en estos momentos, la propuesta de cierre”, declaró. Una postura compartida por el presidente del COF de Tarragona, Joaquim Nolla. “Queremos dar el toque de alarma por la situación límite en la que estamos, evitando que el paciente salga perjudicado”, señaló.
Eso sí, indicó que a pesar de que la prioridad es cuidar al paciente y dispensar medicamentos existe una amenaza real de desabastecimiento. “La situación es de extrema dificultad y las perspectivas de futuro son difíciles. Queremos y necesitamos que esta situación se arregle”, dijo.
Efectos colaterales: dimisión
El nuevo retraso en el pago provocó daños colaterales y se cobró una víctima en forma de dimisión. Así, debido a los desacuerdos en el seno de la junta de gobierno del COF de Gerona sobre las ‘medidas de fuerza’ a adoptar como respuesta a los impagos, el que era su presidente desde el 15 de junio de 2012, Joan Fajula, presentó su dimisión. “Hay diferencias de criterio demasiado grandes entre los miembros de la junta y yo”, precisó en la carta de renuncia irrevocable remitida a sus colegiados.
¿Cuáles eran estas diferencias irreconciliables? Según fuentes del colegio consultadas por EG, Fajula no estaría de acuerdo con algunas de las medidas propuestas por miembros de su junta de gobierno, calificadas por él mismo como “ilegales”, como la desconexión del sistema de e-receta o el cobrar el cien por cien de los medicamentos a los usuarios.
Sin noticias del pago
Por otro lado, y a pesar de la ‘presión’ que quieren ejercer los farmacéuticos catalanes para cobrar las facturas pendientes, más de 300 millones de euros, no hay todavía noticias del pago. Es decir, que el dinero ni está y, en el caso de esperarse, no se puede confirmar todavía cuándo lo podrán recibir los farmacéuticos.
Esta situación fue confirmada por el propio consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, el pasado 12 de marzo tras la celebración del consejo ejecutivo de la Generalitat. “Podría decir una fecha concreta, pero no la podría garantizar”, dijo. Una incertidumbre que confirmó el consejero de Economía regional, Andreu Mas-Colell, quien precisó que se pagará a las farmacias “cuando podamos”.
