Sumario
A pocos puede sorprender el aluvión de críticas que está recibiendo la decisión de la Generalitat valenciana de imponer, a través del procedimiento del decreto-ley, un nuevo modelo de prescripción que parece relegar al olvido la libertad del médico en este ámbito y que, en la práctica, puede limitar en buena medida el acceso de los pacientes valencianos a innovaciones que forman parte de la prestación farmacéutica del SNS. El difícil escenario económico en que nos ha sumido la crisis parece habernos condenado a asistir atónitos, una y otra vez, a iniciativas de dudoso encaje legal por parte de los gobiernos autonómicos. Éstos últimos, acuciados por la necesidad de contener un déficit que no han podido o sabido mantener bajo control actuando sobre partidas menos esenciales, parecen haber olvidado con demasiada rapidez que las duras medidas de ajuste inauguradas por el RDL 4/2010 fueron consensuadas en el seno del Consejo Interterritorial del SNS con el objetivo declarado, entre otros, de racionalizar el gasto farmacéutico público en el todo el territorio nacional sin necesidad de recurrir a iniciativas unilaterales que quiebran el principio de igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias. A esta preocupante deriva, y a la necesidad de preservar la cohesión del sistema, se refería precisamente el RDL 9/2011, cuando recordaba en su exposición de motivos que las nuevas medidas de ajuste pretendían atajar estas aventuras por parte de los gobiernos regionales que atentan contra la equidad del sistema.
A la falta de memoria de los impulsores de estas iniciativas, se viene a sumar, además, la tendencia creciente a recurrir a instrumentos legislativos como el decreto-ley que sustraen la iniciativa al debate parlamentario hasta el momento de su convalidación, cuando las nuevas medidas ya han empezado a desplegar sus efectos. Si bien el Tribunal Constitucional ha considerado aceptable el recurso al decreto-ley en aquellas situaciones en que la coyuntura económica exija una actuación de urgencia, el pretexto de la crisis no puede seguir siendo utilizado de forma indiscriminada para imponer por esta vía nuevos modelos que rompen con instituciones tan arraigadas en nuestro derecho como la libertad de prescripción. En especial, cuando su efecto en la práctica puede ser poner al paciente valenciano en condiciones de desigualdad con los residentes en otros territorios. Esta situación, por otro lado, no parece del todo compatible con un ordenamiento estatal y europeo que exige que la exclusión de cualquier medicamento de la lista de medicamentos financiados por el sistema público, aún cuando tal exclusión se lleve a efecto de forma indirecta y más o menos camuflada bajo la apariencia de un sistema de ayuda a la prescripción, se lleva a efecto en el contexto de un procedimiento administrativo que garantice a los afectados la posibilidad de defender sus legítimos intereses mediante el recurso a los tribunales de justicia si es preciso.
Las prisas del gobierno valenciano por ver implementada esta nueva iniciativa, en definitiva, arrojan demasiadas sombras sobre su licitud y compatibilidad con nuestro marco jurídico común. Dudas y sombras que podría haber sido convenientemente despejadas mediante su tramitación por vías ordinarias, aún cuando fuese a través del procedimiento de urgencia, ahorrándonos en el futuro espectáculos tan poco edificantes como al que venimos asistiendo con las famosas subastas andaluzas.
@FausJordi en Twitter
