La patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, ha denunciado que la Comunidad Valenciana ha promulgado un decreto-ley, el de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, es inconstitucional. A este respecto, la empresarial que preside Fernando Redondo lamenta el hecho de que “nuevamente una comunidad autónoma aprueba una norma inconstitucional, que intentan defender en esta ocasión como medida de ahorro”.
A este respecto, desde FEFE se incide en que la Comunidad Valenciana utiliza la vía del decreto-ley “para contravenir las normas estatales referentes a la prestación farmacéutica, hurtando a los sectores la capacidad democrática de participación en el desarrollo de la norma”. Así, según creen, se trata de un ámbito donde no está justificado el carácter de urgencia, puesto que el Gobierno central ya tomó medidas de ahorro que afectan a la prestación farmacéutica (copago, desfinanciación, revisión mensual de los precios y precios de referencia…). “De hecho, el ministerio recientemente ha hecho público el ahorro de más de 1.000 millones de euros conseguidos con estas medidas en el último año”, afirman.
Desde FEFE se anunció que están elaborando informes jurídicos que harán llegar al Gobierno y a todos los partidos políticos “para poner de manifiesto las ilegalidades en que incurre este decreto-ley, que tendrá una repercusión nefasta e irreversible en la calidad de la prestación farmacéutica que van a sufrir los ciudadanos valencianos y que genera nuevamente desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas en el acceso a la salud”.
Reconsiderar
Por otro lado, la patronal confía en que la Comunidad Valenciana reconsidere su decisión y retire el decreto-ley, porque, de lo contrario, espera que el Gobierno central convoque a la comisión mixta para que se rectifique y se ajuste a su marco competencial. “Si en este punto, dicha comisión no solventase los problemas de inconstitucionalidad, FEFE solicitará al Gobierno central, como en otras ocasiones, elevar el decreto-ley al Tribunal Constitucional”, indicaron.
