La ambigüedad y la interpretación tienen su ejemplo de manual en la controvertida medida del euro por receta. Cataluña y Madrid preparan su defensa ante el Tribunal Constitucional, mientras el Consejo de Estado se encuentra dividido entre los miembros del mismo que apoyan la medida y los que creen inconstitucional. A favor de la medida está el dato aportado por Cataluña: reducción del 2 por ciento de las listas de espera por los 47 millones de euros recaudados. ¿No estarán contentos los miles de personas que no han tenido que esperar a una intervención quirúrgica por el euro por receta que pagó su vecino del quinto? Cataluña pretende ahorrar, y el objetivo del 1,5 por ciento del déficit se ha sobrepasado hasta el 2,3 por ciento. No ayuda a cumplir su déficit si no le dejen cobrar el euro, y se queja con razón. A favor también se esgrime otro argumento: ha reducido el gasto en medicamentos sin afectar a los enfermos crónicos, dando por superadas las historias a propósito de un caso que deja su medicación antihipertensiva porque pague un euro. No es creíble y no es la norma.
El Consejo de Estado tampoco es unánime ante el euro por receta. Las “razones de competencia exclusiva del estado” parece que no se puede utilizar como un vicio de inconstitucionalidad de una ley autonómica. Por eso parece que el desenlace será una cuestión de cara o cruz. Vederemus.
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