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El recorte del diez por ciento del complemento específico de los funcionarios de Castilla-La Mancha, que supone una rebaja salarial del 3 por ciento para los trabajadores públicos de la región, no afectará a los profesionales del Sescam. Esta medida está integrada en la segunda parte del Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos con el que la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, pretende arañar 350 millones de euros más al plan de ahorro de 1.815 millones presentado en agosto.
Pero la excepción que ha contemplado el gobierno regional no compensa el impacto de otras medidas que los representantes sindicales de los médicos de la región conocieron de primeras a través de los medios de comunicación, aunque el día 5 de diciembre el director gerente y la directora de Recursos humanos del Sescam, Luis Carretero y Mª Esther Fernández González, se reunieron con responsables del sindicato para explicarlas con detalle. Eso sí, Fernández González ya había comunicado a los profesionales a través de un correo electrónico que el recorte del tres por ciento no se aplicaría en sus nóminas.
El malestar del sindicato castellano-manchego es mayúsculo y tiene su origen tanto en las “pérdidas retributivas y de derechos laborales adquiridos” por los facultativos, como en la “absoluta falta de negociación” del gobierno autonómico con su formación. “La administración nos ha convocado solo para notificarnos sus decisiones”, aseguran en un comunicado, en el que hacen constar que en lo sucesivo no se reunirán “simplemente para ser informados” sobre las medidas que se vayan a tomar: “solo acudiremos en el caso de que esté abierta la negociación”, denuncian. Y lo que es más, hasta la fecha no han sido convocados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sino por responsables del Sescam.
Tijera en las retribuciones
A pesar de la aparente intención del gobierno regional de excluir del recorte a los funcionarios sanitarios, las medidas sí tendrán un impacto directo sobre las retribuciones de los facultativos. De entrada, el precio de la hora de guardia se reducirá a la media nacional, lo que según CESM-Castilla-La Mancha puede suponer una merma del 15 por ciento en este apartado, que se completará con otros ajustes para “adecuar” la atención continuada tanto en atención primaria como en especializada.
Además, se confirma la congelación de la carrera profesional, que consolida grados en los comités de evaluación, aunque sólo se abonarán los grados a los profesionales que los cobran actualmente. En la misma línea, la mayor carga de trabajo en atención primaria no se abonará con el actual modelo, sino sólo el porcentaje que corresponde al mayor número de TIS que se deben atender, una medida que el sindicato considera “completamente inasumible” para para los profesionales. Sin contar con el aumento de la jornada semanal a 37,5 horas, que se traduce, en opinión de CESM, en una pérdida del 7,9 por ciento para los profesionales, frente al ahorro estimado para el Sescam de 40 millones de euros.
Según los representantes de la administración, la introducción de gestión privada en los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso anunciada por De Cospedal para “garantizar” su “viabilidad económica” no afectará a las condiciones laborales del personal estatutario. De igual modo, la iniciativa privada será un recurso más para finalizar la construcción de infraestructuras sanitarias, como el nuevo hospital de Toledo. Sobre este asunto, el sindicato médico prefiere “no entrar en valoraciones” siempre y cuando se mantenga el estatus de los profesionales y se preserve la calidad asistencial.
Eso sí, no todo son malas noticias. Los responsables del Sescam les han comunicado que se pagará “en breve” la productividad variable de 2010 y que esperan hacer frente a la de este año durante 2012, cuando se negociará un nuevo contrato de gestión por incentivos.
Asimismo, el gobierno regional contempla la revisión de los complementos salariales en situación de incapacidad temporal, y aumentar el control del absentismo desde el primer día de baja.
Con esta segunda batería de iniciativas, a la que se añaden otras como la reducción de mandos intermedios y de un tercio de cargos directivos, el fin de la actividad programada en puentes, el cierre y la disminución de camas activas o “el freno a la demanda inapropiada de servicios sanitarios” sin incluir copagos, el gobierno regional espera ahorrar más de 484 millones de euros, más de la mitad de los 834 millones que se recortarán en total en la sanidad de Castilla-La Mancha.
Medidas ya en marcha en una comunidad que no hay que olvidar que constituye un referente para el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, tal y como reconoció el futuro presidente del ejecutivo a principios de este año, y que sigue la senda de los ajustes catalanes.