La sostenibilidad del sistema y el pacto sanitario irán a un Pleno extraordinario que se celebrará en marzo
Las comunidades autónomas vuelven a pedir más fondos, mientras que Sanidad evita hablar de copago
c. r. / e. m. c.
Madrid
Más de dos años ha tardado en llegar el monográfico sobre financiación que los consejeros de Sanidad del Partido Popular reclamaban en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se celebrará en marzo, aunque el que tuvo lugar la semana pasada, que incluía en el orden del día listas de espera, diabetes o violencia de género, bien podría calificarse como su antesala.
La tensión financiera ha subido enteros en los últimos días, a la sombra del esfuerzo que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha solicitado a las comunidades autónomas en materia de educación y sanidad. En el caso del Ministerio de Sanidad de Trinidad Jiménez, dicho esfuerzo estatal se concretará en un recorte de 17 millones de euros sobre el presupuesto de este año, según el desglose facilitado por el Ministerio de Economía.
Ahora, las comunidades autónomas en manos del Partido Popular lideran las demandas para reclamar nuevas decisiones en materia de financiación, entre ellas la de que las políticas sanitarias estén también exentas, al igual que las de dependencia e I+D, del macro ajuste presupuestario previsto para el año 2013. De ahí la convocatoria, en la segunda semana de marzo, del Pleno extraordinario que, además de abordar la sostenibilidad del sistema, presentará el resultado de los trabajos vinculados hasta ahora al Pacto sanitario.
Sobre este aspecto, Trinidad Jiménez adelantó que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas están muy próximos a llegar a un acuerdo. Un pacto que contemplará una serie de medidas encaminadas a aliviar la presión presupuestaria de autonomías.
A la espera de los fondos
No obstante, la ministra de Sanidad añadió que era prematuro adelantar las líneas básicas, dado que ésa es una estrategia que aún no había sido consensuada con los consejeros de Sanidad autonómicos. Todas las esperanzas radican, por lo tanto, en un incremento de fondos que no está en absoluto asegurado.
Para empezar, la ministra no aclaró si, como ha pedido algún responsable autonómico, en el pacto sanitario se contemplarán medidas destinadas específicamente a controlar el gasto público en farmacia. Además, tampoco hay ningún anuncio que haga prever una posible modificación (y aumento de dotación) del Fondo de Cohesión, como piden las regiones gobernadas por el PP. Asimismo, Canarias y la Comunidad Valenciana siguen, como aseguran sus consejeros, sin recibir respuesta del ministerio sobre la compensación del gasto ocasionado por población no residente.
Lo único que Jiménez ha manifestado es que se trabaja para adoptar una serie de medidas, pero que esto no conllevaría un cambio de un “modelo sólido” que, según ella, no es cuestionado por los consejeros. En este punto, también aclaró que ninguno había propuesto introducir el copago.
Para despejar toda duda, sentenció que el sistema “está garantizado y no existe el menor riesgo”, y recordó que aunque el gasto sanitario en España está dos puntos por debajo de la media europea, en los últimos 30 años había crecido un 1,5 por ciento.
Ahora sólo falta que Economía comparta esta misma visión. Horas después del Interterritorial, el consejero de Economía de Cantabria apostaba por un “recorte drástico” del gasto farmacéutico.
